Ante la fecha límite de este lunes 15 de septiembre para que las Comisiones Económicas Conjuntas aprueben el monto del Presupuesto General de la Nación 2026, crece la expectativa acerca de si el proyecto de la renta pública para el año entrante será expedido por decreto y no como resultado del debate legislativo en el Congreso de la República.
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De presentarse el escenario del ‘decretazo’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, se repetiría lo ocurrido el año pasado, cuando se decretó el Presupuesto 2025.
Esto luego de que el pasado jueves se rompiera el ‘quorum’ por parte de los gobiernistas en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara ante la inminencia de la falta de votos del oficialismo para fijar su monto, que de hecho lo rebajó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, de $557 billones a $547 billones, sacando $10 billones en impuestos del IVA a la cerveza, la gasolina, el diésel, los juegos de renta y azar y los vehículos híbridos, entre otros rubros, de la ley de financiamiento o reforma tributaria inicialmente planteada por $26,3 billones y reducida a los $16,3 billones.
El jefe de la cartera económica dijo en el Salón Elíptico que se hacía necesario presentar la tributaria por las “rigideces estructurales del gasto y deudas heredadas, como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”.
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Frente a estas inflexibilidades en el proyecto de la renta pública, dijo que se encontraban el gasto de intereses, salarios de la fuerza pública y el sistema judicial, el Sistema General de Participaciones (SGP), salud y pensiones.
Así mismo, reconoció que la caída del recaudo tributario de la DIAN en 2024, por $18,4 billones, complicó la situación fiscal.
Y concluyó Ávila que los recursos que el Estado deja de percibir por beneficios tributarios como exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales ascienden a $135 billones, $88 billones de los cuales provienen del IVA.
“Lo que dejamos de recaudar por las múltiples exenciones equivale al actual déficit fiscal”, puntualizó.
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Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advirtió en sus redes sociales que “el recorte de $10 a $16 billones a la reforma tributaria es apenas cosmético. Lo de fondo sigue intacto: un aumento al costo de capital de las empresas que frena inversión y empleo, la carga ideologizada que permea la reforma y sus impactos negativos al ciudadano común. Además, el ajuste es insuficiente: lo responsable sería un recorte de al menos $55 billones, no un simple acomodo que disfraza la magnitud del problema fiscal. Todo esto parece más una jugada política que una decisión técnica: un alivio parcial para evitar que el Congreso bloquee el monto, mientras se prepara la puerta de salida de aprobar el Presupuesto por decreto, en una especie de dictadura fiscal contraria a la institucionalidad”.
