En Colombia, más de 7 millones de personas viven actualmente en arriendo. De acuerdo con un reciente informe de BBVA Research, el país cuenta con más hogares arrendatarios que propietarios, una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años debido al aumento en los precios de la vivienda, la incertidumbre sobre los subsidios del gobierno y la escasa oferta de proyectos de vivienda de interés social.
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El mismo informe señala que cerca de 7,3 millones de hogares están en régimen de arriendo, con una fuerte concentración en las principales ciudades. Esto ha consolidado el arriendo como una parte fundamental del mercado inmobiliario colombiano, en el que se destinan anualmente alrededor de 60 billones de pesos al pago de alquileres.
Los propietarios de viviendas buscan mecanismos que les ofrezcan garantías frente a posibles incumplimientos de pago por parte de los inquilinos. Los seguros de arrendamiento han cobrado relevancia como una alternativa efectiva para mitigar riesgos, sobre todo en un contexto económico marcado por la inflación y las altas tasas de interés. Durante la pandemia, por ejemplo, las aseguradoras en Colombia llegaron a cubrir más de 183.000 millones de pesos por incumplimientos en contratos de arrendamiento, según datos de Fasecolda.
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Los seguros de arrendamiento no solo cubren la falta de pago del canon mensual, sino que también ofrecen respaldo en casos de reconexión de servicios, daños a la infraestructura del inmueble y otras afectaciones causadas por el uso indebido de la propiedad. Además, permiten realizar una evaluación detallada del perfil del arrendatario, incluyendo historial crediticio, referencias comerciales y capacidad de pago.
El proceso para adquirir una póliza de arrendamiento suele comenzar con la presentación de documentos como el formulario de solicitud, el documento de identidad, una fotocopia de la declaración de renta, el certificado de libertad y tradición, y extractos bancarios de los últimos tres meses. Si el solicitante cumple con los criterios establecidos, la aseguradora notifica al arrendador y se formaliza el contrato, brindando además asesoría en la gestión de la póliza.
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Estas pólizas cubren el canon mensual de arrendamiento —incluyendo sus reajustes—, las cuotas de administración en propiedades horizontales y el impuesto al valor agregado (IVA) en inmuebles con destinación comercial.
