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El proyecto de Plazos y Pagos Justos quedó más cerca de convertirse en ley nacional al pasar el tercer debate y recibir ayer el visto bueno de la Comisión Tercera del Senado. Solo se espera la aprobación de un artículo que tiene que definir cuál será el papel de la Supersociedades.

La Superintendencia está planteada en el proyecto como la encargada de vigilar el cumplimiento de la norma, pero está por definirse cómo se realizará esta labor.

Con este paso que dio el Senado, las pequeñas, micro y medianas empresas del país afiliadas en Acopi, destacaron el apoyo que ha recibido la propuesta que desde el 2017 ha impulsado más del 90% del tejido empresarial del país. Ahora falta el debate en plenaria.

El principal motivo para impulsar el proyecto es que Acopi evidenció una afectación en la liquidez de las mipymes proveedoras de bienes y servicios de las grandes empresas, debido a los largos periodos de pago de las facturas.

Acopi subrayó en que este proyecto es de 'vital importancia para la consolidación de la reactivación económica, debido que de nada sirve abrir empresas sin pagos a tiempo'.

La propuesta de ley, según el senador Efraín Cepeda evitará que las grandes empresas afecten las finanzas de las mipymes por atrasos en el pago de las facturas. 'Vetamos acuerdos entre grandes empresas y mipymes, el pez grande no podrá comerse al pez chico, deberán cumplir plazos así: el plazo en primer año de vigencia de la ley será de 60 días para que grandes empresas paguen a mipymes. A partir del segundo año, serán 45 días y se darán incentivos a quienes paguen antes de 30 días', dijo Cepeda.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que lo positivo del proyecto aprobado es que las mipymes pueden acortar sus periodos y plazos de pagos. Destacó que se deben permitir acuerdos privados entre grandes y pequeñas empresas en volúmenes de pedidos.

Señaló que la Supersociedades no cuenta con la capacidad para controlar el cumplimiento de los pagos de más de 1 millón de empresas.