Familia, Kimberly y Tecnoquímicas fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con multas de $69 mil millones, cada una, luego de que la investigación de la entidad comprobara su participación en el denominado cartel de los pañales. Esta suma no supera el 8% de su patrimonio ni el 7% de sus ingresos operacionales anuales.
De las tres empresas, dos recibieron beneficios por el programa de delación por lo que Kimberly recibió una reducción del 100% de la multa, como primer delator y Familia de un 50%, como segundo.
Las multas impuestas por la SIC, que incluyen a 16 altos directivos de las empresas, suman en total $208 mil millones. Entre los sancionados están Francisco José Barberi Ospina, presidente de Tecnoquímicas; Darío Rey Mora, quien era el gerente general de Familia y Felipe José Alvira Escobar, gerente general de Kimberly en Colombia.
La investigación que la SIC comenzó desde finales de 2013 permitió comprobar que entre 2001 y 2012, es decir por más de diez años, las empresas y sus directivos hicieron acuerdos para fijar de manera artificial el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado nacional.
Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), revelan que los precios de los productos que son cartelizados se ubican entre 15% y 60% por encima del precio de competencia en el mercado.
El superintendente Pablo Felipe Robledo, señaló que las tres empresas multadas tienen una participación superior al 85% en el mercado de los pañales desechables para bebé en Colombia, el cual mueve unos $600 mil millones anualmente.
Las otras dos firmas a las que se les había abierto pliego de cargos por el cartel de los pañales desechables para bebé fueron Tecnosur, a la que se archivó el proceso, al comprobar que solo es fabricante de pañales y no participa su comercialización y mercadeo, y Drypers, a la que se acreditó su participación en el cartel, pero cesó en 2006, por lo que caducó la facultad sancionatoria del Estado.
Adicionalmente, fueron exonerados 25 funcionarios de las empresas, unos por caducidad y otros por haberse probado que no participaron en el cartel empresarial.
