¿Qué pasará con los Juegos Panamericanos de 2027?
Mindeporte, Guillermo Herrera, dice que no podían comprometer vigencias futuras para definir costos de la organización de las justas.
El gobierno del presidente Iván Duque Márquez se comprometió en público a respaldar la celebración de las competencias más importantes del ciclo olímpico en América y en dar los primeros pasos para que, después de la firma del contrato entre Panam Sports (dueño de la franquicia) y Colombia, se definiera el comité organizador, su personería jurídica y comenzara a perfilar su financiación. Pero el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, dijo ayer a El HERALDO que, por los pasos y planificación que exigen las justas, es el gobierno entrante de Gustavo Petro el que definirá cuánto costará ser sede de las justas y garantizar que el país las celebre.
“El apoyo se mantiene, precisamente hoy estaba aquí en Barranquilla con el presidente de Panam Sports, con el presidente del Comité Olímpico Colombiano y por supuesto con el alcalde de Barranquilla revisando la estrategia”, dijo Herrera.
En octubre del año pasado, el ministro de Deporte había asegurado a El HERALDO que Mindeporte asumía la tarea de gestionar que los Juegos Panamericanos Barranquilla-2027 fueran declarados de importancia estratégica nacional dentro del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). “Estamos en la etapa de planificación de esos juegos. Lo que viene ahora es que la organización y planeación presupuestal van a requerir la declaratoria de la importancia estratégica nacional, con un documento Conpes que estaremos presentando el próximo año para garantizar la realización de estos juegos”, afirmó en su momento.
Sin embargo, el Conpes ya no se presentó en este gobierno. Herrera ayer dijo que, antes de llegar a la presentación de ese documento, primero tenían que conformar un comité directivo que establecerá las reglas de participación y financiación tanto de la Nación como de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía, el Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y todos los que hacen parte de una “gran gerencia”.
“Entonces no podemos estar hoy promoviendo un documento de política económica y social que termina implicando la apropiación presupuestal de las próximas vigencias fiscales de los próximos años, sin tener claro cómo cada entidad empieza a participar, y sobre todo dónde están los proyectos de infraestructura que se van a financiar. Para llegar al 2027 hay que tener un proceso de planificación muy grande”, agregó.
María Isabel Urrutia, coordinadora de empalme en deporte del próximo gobierno, el pasado sábado en Barranquilla dijo en un encuentro con actores del deporte en el Atlántico y Magdalena que el gobierno de Duque tiene la responsabilidad de dejar proyectado “todo el programa de infraestructura deportiva”.
La primera medallista de oro olímpica de Colombia agregó que veía “con una preocupación muy grande” los Panamericanos, porque los juegos “solo tienen una intención y no hay financiación”. Urrutia estimó que los juegos le costarían al país unos $2,5 billones, “mientras que el presupuesto del Ministerio es de $980.000 millones”.
En un trino de Twitter, María Isabel Urrutia publicó ayer que el gobierno de Duque asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha; sin embargo, “considero que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia”.
Esta vez en la red social, Urrutia escribió que la nación tendría que aportar “más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarán en nuestra administración. Teniendo en cuenta lo anterior, Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión, ya que de no ser así gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el 2027”.
Guillermo Herrera dijo que no conocía la publicación de María Isabel Urrutia, y subrayó que antes que definir un costo de los juegos, se debe conformar el comité para que sus integrantes cumplan con el compromiso de la planeación.
“Hay unas obligaciones importantes que ya respaldó el gobierno Duque con la firma de un contrato, que ya respaldó el alcalde de Barranquilla y que si se fuera a echar para atrás sería gravísimo porque eso implicaría sanciones para el país. Sanciones que incluso pueden derivarse de un tribunal de arbitramiento. Se tendrían que negociar sanciones y multas a pagar por el país, pero más grave que eso sería que a Colombia lo sacan del circuito de organización de eventos deportivos”.
