Ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Montería fue interpuesta la tutela con la que la Alcaldía espera poder suspender de manera transitoria la resolución 0001385 del 15 de abril del 2019, que  ordena el traslado del peaje El Purgatorio, que fue reubicado en el kilómetro 13, en la vía que de Montería conduce al municipio de Planeta Rica.

La acción judicial, interpuesta contra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesionaria Ruta al Mar, fue presentada por el secretario de Gobierno Municipal, Arturo Mercado Pérez, quien funge como alcalde encargado de Montería, debido a la incapacidad que presenta en alcalde Marcos Daniel Pineda García, por causa de una operación de rodilla a la que fue sometido recientemente.

“Tal como lo anunciamos al inicio de la jornada, la Alcaldía de Montería interpuso una acción de tutela en la que solicita la suspensión transitoria de las resoluciones que ordenan la reubicación del peaje El Purgatorio”, indicó Mercado Pérez, al ser consultado al respecto.

Anteriormente, el peaje El Purgatorio operaba en el kilómetro 18, en la vía Montería – Planeta Rica, pero desde el pasado martes, 16 de abril, comenzó a realizar los cobros desde las casetas a medio construir, instaladas en el kilómetro 13, lo que obliga a pagar peaje a más de 11 corregimientos y 60 veredas en la capital cordobesa, y los municipios de Tierralta y Valencia, en la subregión del Alto Sinú.

La situación fue rechazada por líderes políticos y la comunidad en general, quienes coincidieron en asegurar que no estaban dadas las condiciones para que se realizaran los cobros diferenciales.

Ante el inicio sorpresivo de los cobros, la empresa Metrosinú suspendió las rutas hacia el kilómetro 15, sin embargo, luego de establecerse las tarifas diferenciales, fue reactivado el servicio hacia ese lado de la zona rural de la capital cordobesa.

La ANI ha sostenido que a las poblaciones residentes en las zonas rurales de Montería y en los municipios de Valencia y Tierralta se le cobrarán tarifas diferenciales equivalentes a $200 pesos, que corresponden al Fondo de Seguridad Vial, una medida que también incluye a las empresas de transporte público. Hasta el momento las empresas transportadoras no han confirmado si el traslado del peaje generará incrementos en el costo de los pasajes.