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Sí a la paz financiera

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013-2014, elaborada por el Dane, evidenció que durante 2014 el 36,7% de los hogares del país era pobre, según opinión del jefe del hogar o de su cónyuge.

Esa opinión ha debido cambiar porque para 2015, dice el mismo Dane, 16 de 24 departamentos de Colombia estudiados presentaron reducciones en los porcentajes de personas en situación de pobreza monetaria extrema; 13 registraron reducciones en el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria y 18 redujeron el coeficiente Gini de desigualdad de ingresos.

Otra metodología para determinar los grados de pobreza es la clasificación de la población en estratos socioeconómicos, en función de los inmuebles residenciales que reciben servicios públicos, lo que permite asignar subsidios y cobrar contribuciones.

De acuerdo con esta última clasificación, y teniendo en cuenta la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2015, Colombia tiene 9.984.334 personas en estrato uno, lo que es igual al 21,33% de la población, y 12.992.637 hacen parte del estrato dos, es decir el 27,75%.

Gran parte de la población anterior está por fuera del sistema financiero y tiene casi que cero posibilidades de recibir un crédito para cualquier cosa, incluso para algún tipo de beneficio social si este tiene como requisito su historial financiero. Todo porque, por una u otra razón, están o estuvieron en las centrales de riesgo crediticio.

Cierto es que dichas centrales, en cumplimiento de la ley –incluyendo la que recientemente reguló el habeas data–, informan lo que a ellas les reportan sus clientes, sin distinción alguna sobre el valor de lo que les deben, que en el caso de la población vulnerable antes mencionada va desde la pequeña deuda adquirida con una compañía de celular hasta la que originaron al endeudarse con una cooperativa para pagar los útiles escolares de sus hijos.

Ese simple reporte cercena toda posibilidad para que los colombianos de estratos uno y dos reciban un crédito, cualquiera que sea su valor. Por ello, en buena hora, algunos senadores propusieron durante el debate de la ley de costos financieros en el Congreso de la República que los ciudadanos no fueran reportados por las centrales de riesgo cuando el monto de la obligación fuera menor a $20.000.

Lamentablemente esta propuesta no fue acogida.

Pero creo que hay que insistir en buscar una salida. En momentos como el actual, en el que todos le apostamos a la paz como resultado del cese del conflicto, sano es evaluar un proceso de paz financiero con los estratos uno y dos para que se liberen de las garras de los pagadiarios, ya sea porque a esos deudores los excluyan por un tiempo de las centrales de riesgo o porque a su favor se decrete una amnistía o indulto financiero por parte de los acreedores, que en la mayoría de las veces ya han castigado esa cartera o la han vendido, o simplemente porque limiten el monto de las deudas a ser incluidas en dichas centrales.

@clorduy
clorduym@gmail.com

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