Sin tener las cifras a la mano, la opinión pública se hacía la pregunta hace rato: ¿por qué quedan en libertad los capturados? Las conjeturas vuelan, acorde con la idiosincrasia de un pueblo especulador como el nuestro, bajo la premisa de “piensa mal y acertarás”. Y aunque en todas partes se cuecen habas, el asunto va más allá de la corrupción.
No excluimos de esta apreciación que todo puede ocurrir en un país de doble moral y conducta frágil, incluyendo en este accionar al ciudadano corriente que se presume impoluto y libre de toda culpa, pero cuando cae en el denominado ‘mal cuarto de hora de los hombres’ actúa como aquellos a quienes ha criticado siempre.
Las recientes cifras entregadas por la Policía de Barranquilla lo dicen, y refuerzan así la duda ciudadana: de 2.785 personas capturadas en los primeros casi cuatro meses del año, 2.426 tienen la libertad. Es decir 87,1 % no se encuentran presos y solo 12,9% tienen una medida cautelar, que puede ser tras las rejas o con detención domiciliaria. En números este último dato es: 141 en la cárcel y 218 en sus casas.
Hay que escarbar entonces en la razón de lo que parece incoherente y siembra tanto escepticismo sobre la Policía y el poder judicial, en particular en los denominados jueces de Control de Garantías. Las primeras razones apuntan a la presunta ineficacia del sistema penal acusatorio y a que algunos procedimientos judiciales no son los adecuados. A esto hay que sumarle la falta de capacitación de muchos operadores de la justicia.
Además, y sobre todo, está la excepcionalidad de la privación de la libertad antes de que se dicte una sentencia condenatoria en firme. Para algunos penalistas este factor es una debilidad de la ley porque, según ellos, Colombia necesita una política criminal acorde con la violencia que vive y sufre el país.
Una de las razones para otorgarle la libertad a alguien que haya cometido un delito, e inclusive capturado en flagrancia, es que no tenga anotaciones judiciales. Delincuentes y abogados conocen esa ventana de la justicia y por ahí logran una salida fácil. El peso del argumento que otorga la libertad en estos casos se basa en que muchos pueden solucionarse buscando inversión social generosa, no criminalizando la pobreza, ni la drogadicción, es decir, atacando las causas del problema social, y cuya solución no es la prisión.
Otra razón es el caos carcelario, representado primero en que no hay resocialización del interno, sino al contrario, un caldo de cultivo del resentimiento y del desarrollo de delitos en las cárceles o desde ellas; y segundo, el hacinamiento que trae consigo enfermedades y profundos y graves conflictos de convivencia en los penales.
No está de más saber que muchos delitos necesitan querella de parte, es decir que un particular denuncie e impulse el caso, como hurtos de menor cuantía, calumnia, inasistencia alimentaria y determinadas lesiones personales, entre otros. Estas son exigencias del Código de Procedimiento Penal para solicitar medidas de aseguramiento. Tal vez es un código para ángeles, o nos falta pasar por intensos procesos, antes de considerar que la solución está en la “prisión anticipada”.
mendietahumberto@gmail.com
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