27.003 secuestrados, 220.00 asesinatos y 6.421 de reclutamiento de niños ha dejado el conflicto colombiano en los últimos 54 años. Un conflicto que ha desquebrajado el tejido social de un sinnúmero de comunidades colombianas y que ha dejado en el despojo a miles de familias que se han visto forzadas a abandonar sus tierras. Hoy estamos ante un momento histórico, ante la oportunidad de acabar con este conflicto mediante una salida negociada. Pero el gran interrogante que surge es qué estamos dispuestos a ceder como sociedad, para permitir que los miembros de las Farc puedan ingresar nuevamente a la vida civil e incluso pueden hacer parte de las más importantes entidades públicas de la Nación.

El segundo punto de las negociaciones en La Habana ha dejado una extraña sensación de absoluto desconocimiento por parte de la sociedad, de cuáles serán los mecanismos para garantizar justicia a las víctimas y a permitir a su vez que los miembros de las Farc participen en política. Según lo comentado por Sergio Jaramillo, los puntos esenciales del acuerdo giran en torno al abandono de la lucha armada, el refuerzo de la participación ciudadana y la posible eliminación del requerimiento del umbral para constituir un partido político por parte de las Farc.

Ninguno de estos acuerdos habla sobre cómo van a participar en política si son encontrados responsables por crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc. ¿Merece la sociedad estar en una completa incertidumbre sobre el manejo de la responsabilidad penal de los miembros de este grupo armado?

Los puntos de acuerdo entre las Farc y el Gobierno no generan grandes cambios en la coyuntura nacional, y era claro que una eventual participación política de este grupo implicaría el abandono de las armas.

Sin embargo, el Gobierno debe pedir a los miembros de las Farc que para garantizar su participación política más allá de un desarme formal de esta guerrilla, se ejecuten medidas claras y determinantes que demuestren su compromiso con la reparación de víctimas, con la verdad y la justicia. Abrirle las puertas de la sociedad civil a un grupo armado que ha dejado a nuestro país rezagado en progreso, en materia de derechos humanos y divido entre víctimas y victimarios debe merecer como mínimo un esfuerzo que nos permita a los colombianos hacer parte activa de un proceso de reinserción de quienes se encontraban en la lucha armada.

Desconocemos cuáles son los planes del Gobierno, no sabemos qué propuesta jurídica puede conciliar la participación de la Farc y la responsabilidad penal de sus máximos líderes, en particular sobre crímenes de lesa humanidad. No obstante, debemos preguntarnos cuáles son las posibilidades de someternos a un proceso de justicia transicional sin vulnerar las obligaciones del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

¿Podrían participar en la política nacional los máximos líderes de las Farc y a la vez responder penalmente por los crímenes de lesa humanidad cometidos por este grupo?

Todos estas incógnitas solo podrán tener respuesta en nosotros, los colombianos. Quienes tendremos que votar a través del referendo si aceptamos la propuesta de paz negociada entre el Gobierno y las Farc, o si queremos seguir en la lucha armada.

Los derechos de nuestras víctimas, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición no son negociables y deberán ser garantizadas por el Estado colombiano.

@tatidangond