A partir de los descubrimientos e inventos sobre las corrientes continua y directa, hace un siglo el norteamericano premio Nobel de química Irving Langmuir patentó el bombillo incandescente de tungsteno. Desde ese entonces, la luz artificial nos ilumina masivamente. Los seres humanos, con sus mentes y sus inventos, trascienden sus límites creando el mundo artificial, que es el que realmente nos da mejor calidad de vida.

La electricidad se tornó tan necesaria en nuestra existencia, no solo para el movimiento de las máquinas, sino también en nuestra vida cotidiana, por lo que se la definió como un bien público básico. Tanto, que en países como Holanda a nadie le pueden cortar la luz y el agua —las paguen o no las paguen—, porque son consideradas un derecho humano fundamental.

No se puede desconocer el inmenso malestar que existe en la Región Caribe hacia la empresa generadora de electricidad. Hace algún tiempo, el Management of Sciences Development, MSD, de Estados Unidos nos contrató para que estudiáramos —a nivel de familias en Barranquilla—, el tema de la protección, defensa y garantía de los derechos humanos. Cuando suponíamos que las personas se referirían a la violencia generada por la delincuencia común o los grupos armados, la mayoría de las personas participantes señalaron que quien les violaba sus derechos era Electricaribe.

Aunque existe la voluntad política del alcalde de Barranquilla y de todos los gobernadores de la Región Caribe para encontrar la solución al problema, esto no es fácil, porque es un claro ejemplo del divorcio que existe actualmente entre el poder y la política.

Como dice el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, “gran parte del poder requerido para actuar con eficacia del que disponía el Estado moderno, ahora se ha desplazado al políticamente incontrolable espacio global”.

Anteriormente, las empresas que generaban bienes públicos como la luz o el agua, en particular, eran del Estado o de empresarios nacionales. Hoy, los gobiernos locales y —a veces—, el nacional, pierden el control político ante estos nuevos poderes indomables de las empresas trasnacionales.

Pienso que gran parte del descrédito de la política y de la indiferencia en la participación política está dada porque el Estado ha delegado un gran número de funciones que antes había asumido, las que hoy quedan a merced de las fuerzas del mercado. Empresas trasnacionales como Electricaribe debilitan la institucionalidad de la sociedad colombiana.

La luz eléctrica de consumo doméstico es un bien público, y, como tal, no debe existir la posibilidad de exclusión. El Estado podría subsidiar a aquellas familias que —por sus bajísimos ingresos— no tienen la capacidad económica para cubrir el gasto en electricidad. La luz y el agua son salud, son vida, y esa es la función del Estado: proteger la vida de sus ciudadanos.

Aunque es importante escuchar las razones de la empresa, –entre ellas la gran cartera de deudores–, también deben aclararse las responsabilidades. La indignación de la ciudadanía es muy alta. Esta es la oportunidad para que el Estado recupere el control político a fin de que el bien común prime sobre los intereses del capital.

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