El calvario que vivimos los habitantes de la Región Caribe por cuenta del pésimo servicio de energía eléctrica parece no tener fin. Dieciocho meses después de que el Gobierno nacional interviniera la empresa Electricaribe, por las grandes fallas en la prestación del servicio y su insolvencia económica, la crisis no ha cesado. Incluso, el panorama es mucho peor, pues no hay una definición sobre el nuevo operador y la obsoleta infraestructura de redes continúa sin mantenimiento ni reposición, y cada día son más frecuentes las fallas y la suspensión del servicio.

El billón de pesos que debe girar la Nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar la viabilidad de Electricaribe en el corto plazo, no ha sido liberado hasta ahora. Se espera que el Ministerio de Hacienda cumpla y estos recursos de crédito lleguen para solventar en algo las múltiples necesidades de la empresa. Ojalá que este compromiso no tenga la misma suerte de la APP del río Magdalena: solo promesas de un gobierno centralista mezquino con las regiones.

Los mismos trabajadores han dado a conocer que carecen de muchos de los elementos básicos para trabajar, por lo que cuando ocurren daños en la infraestructura eléctrica –tan frecuentes en el Caribe– el tiempo de reparación se multiplica. Los usuarios, cansados de estas situaciones, optan por las vías de hecho para obligar a las autoridades a presionar para que se hagan los arreglos.

Tal situación ya ha derivado en graves problemas de orden público en las poblaciones costeñas, como pasó recientemente (a mediados de junio) en Córdoba, donde fueron destruidas dos sedes de la empresa luego de un apagón que superó las 15 horas. Estas reacciones son desmedidas pero entendibles ante el cansancio de la gente por tanta inoperancia. Estamos agobiados por las malas decisiones de nuestros gobernantes frente a la prestación de un servicio tan necesario en una zona con un clima abrasador como el nuestro.

A pesar de la firmeza de los gobernadores de los departamentos costeños al exigir toda la atención del Gobierno nacional en este asunto y promover una empresa integral que produzca y distribuya la energía, los habitantes del Caribe seguimos al vaivén de una empresa totalmente inviable y a merced de las decisiones centralistas que han acrecentado las dificultades.

Puede que los recursos anunciados por la Nación lleguen y alivien las penurias temporales de la operación del servicio. Sin embargo, nos preguntamos ¿qué pasará después?, ¿cuál es el futuro inmediato que nos espera como usuarios del servicio eléctrico? Las respuestas debe darlas ya el actual Gobierno, independientemente de que estemos a las puertas del comienzo del periodo del presidente electo, Iván Duque Márquez, quien en campaña se comprometió a prestarle toda su atención al tema. La Región Caribe necesita un servicio de calidad y al mismo costo de kilovatio/hora que tiene la Región Andina.