El viernes 4 de marzo el presidente Juan Manuel Santos fue informado por la empresa XM –encargada de los modelos del suministro de energía en el país– que había otra proyección sobre el nivel de los embalses muy distinta a la que le dieron el miércoles anterior, lo que lo sorprendió a él, al Gobierno y a todo el sector energético.
El nuevo informe recomendaba racionamientos de energía, ante lo cual el presidente afirmó públicamente que el trabajo de la Creg para incentivar el ahorro eléctrico y regular el sector no fue suficiente ni eficaz ni eficiente.
Con la intervención inmediata de Santos surgió el Decreto 388 del 7 de marzo de 2016 otorgando facultades a la Creg–que ya le concedía la Ley 143 de 1994– y la obligó a expedir con rapidez la Resolución 029 para ajustar fórmulas tarifarías y promover el ahorro en el consumo de energía de parte de los usuarios a fin de evitar lo que predice XM.
En palabras de Santos lo que sencillamente debía decir la Creg era que: Para los hogares se premiará el ahorro y se castigará los desperdicios de energía, como sucede con el agua; por cada peso que ahorre del consumo promedio un hogar recibirá otro peso como incentivo; si consume un peso más que el promedio se le cobrará el doble. Es decir, el que ahorre más ganará más y el que desperdicie más pagará más.
Lo anterior, que todo el mundo comprende, terminó siendo traducido por la Creg en un documento de 15 páginas, tamaño oficio, que ni los más aventajados ingenieros de sistemas y eléctricos han entendido hasta ahora, tanto que la Creg comenzó a dictar talleres en Bogotá para explicar lo que ellos apenas entienden y que en algunos apartes hasta contradice lo anunciado por Santos.
Expertos consultados afirman que la Creg no ofrece claridad en los cálculos y eso obliga a que los cambios en la facturación se demoren. Además, tomó como mes base para el promedio el de febrero que no es completo; no tiene en cuenta los pisos térmicos ni factores estacionales, que para el caso de la Región Caribe son fundamentales, incluyendo su crecimiento económico; si hay más ahorradores de energía que derrochadores el incentivo lo terminan pagando los generadores que no puedan cumplir con sus obligaciones de energía firme, pero si hay más derrochadores los ahorradores no reciben un mayor beneficio.
Los comercializadores de energía, que tienen más dudas sobre la medida que el lector común, terminan ganándose el 5% del ahorro y por ello el ahorrador no es incentivado peso a peso, como lo solicitó Santos; y ojalá la Creg no condicione el incentivo para los ahorradores a que haya un resultado de ahorro global o por región.
A los costeños no nos atañe una responsabilidad mayor a la que tiene la Creg, por eso, pese a que esta fomenta el pesimismo que aprovechan los amigos de la guerra, nos sumamos a ahorrar energía con la alegría del cañahuate que florece en la sequía, no como una opción, sino obligación de quienes queremos seguir adelante.
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