Esta semana los medios reportaron que el 70% de la población de Barranquilla está afiliada al Sisbén. Me sorprendió que la noticia fuera comunicada como un hecho neutro, cuando en realidad es un número aterrador, con hondas implicaciones para el desarrollo social y económico de la ciudad.
Primero que todo, la cifra indica que, a pesar del crecimiento de los últimos años, más de dos terceras partes de la población siguen necesitando ayuda del Estado para sostenerse. Eso no es precisamente una novedad, pero pensemos en la otra cara de esa moneda, que es que uno de cada tres barranquilleros, además de ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismo y, dado el caso, a su familia, debe producir para sostener a dos personas más. Así es imposible que se liberen suficientes recursos privados para invertir en actividades productivas y generar empleo, que al final es lo único que de verdad sacará a las personas de la pobreza.
Ahora bien, no todos los sisbenizados son tan pobres como su pertenencia al sistema sugiere; muchos no reportan sus ingresos reales. Ese es el segundo problema, que las ayudas del Estado se convierten con frecuencia en desincentivos al empleo formal. Todos conocemos a alguien que prefiere seguir en el Sisbén a emplearse formalmente, pues, haciendo sumas y restas, le va mejor trabajando sin contrato laboral, ya que así no tiene que renunciar a los beneficios que recibe. Eso explica la paradoja de que Barranquilla tenga tantos sisbenizados, a la vez que tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país: son muchos los que trabajan en negro y a la vez reciben subsidios. ¿Pero si esas personas nunca entran al régimen contributivo y pagan sus aportes, de dónde seguirán saliendo los recursos para mantener a quienes legítimamente necesitan asistencia?
Por último, el abultado censo del Sisbén tiene efectos políticos nada deseables. Sus afiliados son una clientela electoral idónea para ser manipulada por todo tipo de demagogos y populistas. ¿Quién que se beneficie de la asistencia del Estado votaría en su sano juicio por alguien que quiera reformar el sistema, recortando sus beneficios, para hacerlo sostenible? Por el contrario, elegirá a quien le prometa más y mejores prebendas. Por eso, muchos de quienes hablan de reducir la pobreza prefieren “reducirla” a través de ayudas y subsidios: así fortalecen su capital político a la vez que hacen alarde de su preocupación por los desprotegidos. En sus manos el Estado se vuelve cada vez más costoso e hipertrófico. Por esa vía se pasmaron poderosas economías europeas como Francia y España, y se arruinaron vecinos continentales como Argentina, Brasil y Venezuela.
Pienso que un indicador de desarrollo más puro que simplemente medir a cuántas personas hemos sacado de la pobreza —pues eso incluye a los millones que “salen” gracias a la asistencia estatal— sería medir cuántas logran escapar a la fuerza gravitacional del Sisbén. Solo así conoceríamos el potencial de nuestra sociedad para producir ciudadanos y familias autónomos, capaces de salir adelante por sus propios medios. Esa es una meta de bienestar y progreso más sólida que la que promovemos actualmente, que consiste en transferir recursos de un sector de la población a otro.
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