El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es, sin duda, una noticia buena para el país; ahora somos parte del grupo de 37 países que promueven buenas prácticas políticas y económicas con el fin de optimizar las condiciones de vida de sus habitantes.

Haber alcanzado ese propósito le costó al Gobierno, como lo expresa el presidente Juan Manuel Santos, un gran esfuerzo para lograr las exigencias de la OCDE, teniendo en cuenta la enorme inequidad social existente y las limitaciones económicas en el país. Al compararnos con los países miembros, observamos que contamos con paupérrimos indicadores, llevando el farolito del grupo, como se dice en el argot del ciclismo al que va de último, como son: el Coeficiente Gini de inequidad es de 0,53 mientras que el promedio de la OCDE es de 0,35. Somos un país poco pacífico al ocupar el puesto 145 entre 163 países del mundo. En educación, en las pruebas PISA de 2015, el indicador de la proporción de estudiantes con bajo rendimiento fue del 38% frente al 13% que es el promedio de los países de la OCDE.

En medio de los cuestionamientos que han surgido a la par de los aplausos, es claro que son muchas las bondades que tiene ingresar a ese ‘club de países ricos’, tales como la necesidad –no obligación– de alinearse a las políticas de mejoramiento de indicadores sociales, la posibilidad de inversiones en áreas álgidas como la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, entre otras.

Para lograr estos objetivos, es necesario que nuestros gobernantes definan y adopten, de manera seria, políticas de largo plazo, reconocidas por los planificadores como políticas de Estado, que abarquen periodos de mínimo 20 años de preparación que permitan impactar de manera virtuosa sobre temas álgidos de la sociedad y así lograr el desarrollo que requiere el país. Para ello, es preciso contar con políticas de Estado, sin miramientos ideológicos y partidistas que rompan el círculo vicioso de retórica, inacción y corrupción. Estas políticas de Estado deben trascender más allá de los cuatrienios y abordar los principales problemas que corroen al país: la desigualdad, la baja calidad de la educación, la informalidad laboral, el desempleo, la inseguridad, entre otros.

Es frecuente que tanto los gobiernos locales como el nacional, borren las políticas vigentes de un plumazo para imponer otras, con costos muchas veces mayores, por sufrir nuestros gobernantes del complejo de Adán, “con ellos comienza el mundo”. Ahora que estamos a unos días de elegir al nuevo mandatario debemos exigirle que se comprometa a políticas públicas que nos permitan lograr una sociedad justa, democrática, solidaria, independientemente de pertenecer o no a clubes de países ricos.