La semana anterior, el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, abordó en su blog el tema “Sobre la reforma a la salud” y mencionó que la estrategia de recuperación financiera del sistema de salud colombiano debía empezar reconociendo que a partir de la presión del gasto en salud “el sistema ha gastado más de lo que tiene y sigue gastando más de lo que tiene”.

Para Gaviria, el gasto en salud lo presionan los nuevos medicamentos, los excesos judiciales, la ineficiencia y la corrupción. Comparto con el ministro que son cuantiosos los recursos financieros de la salud que se han desviado y se siguen desviando para fines distintos a los que contempla el ordenamiento jurídico vigente. El uso indebido de estos recursos no le ha agregado valor a nuestro sistema sino que, antes por el contrario, ha contribuido a sumarle grandes costos al mismo, contribuyendo así a la no recuperación del perdido equilibrio, tal y como también lo describe el funcionario en mención.

Escribe el ministro, que no “se puede seguir pensando, erróneamente, que el problema del sistema se circunscribe a que las EPS no pagan”. Sin embargo, cuando se analiza el monto y la antigüedad de la cartera de varios billones que estas entidades le deben tanto a hospitales públicos como a IPS privadas de todo el país, cuyo monto en vez de disminuir va en aumento progresivo a pesar de las medidas que se han tomado, debe reconocerse que el no pago de esas obligaciones genera una megadificultad al sistema que le impide ser viable o sostenible, no puede garantizar así la continuidad de la atención de los pacientes como tampoco les brinda una operación tranquila y sin afugias a las IPS, que son donde en últimas se atienden estos pacientes y reciben los servicios de salud que requieren.

En ese orden de ideas, Gaviria expone que con medidas como el Decreto 2702 de 2014 se “plantea la ruta de recuperación de las EPS en un plazo de siete a diez años”. Esperar 10 años para la recuperación financiera plena de quienes justamente deben asegurar la protección y la atención en salud de los colombianos y así poder cumplir con dichas funciones, prácticamente es posfechar la salud de los colombianos a ese mismo lapso de tiempo, pues mientras las EPS no consigan dicha solidez y estabilidad que requieren, ellas nunca funcionarán en el sistema como verdaderas aseguradoras de salud sino que seguirán trasladándoles el riesgo a las IPS, por lo que el derecho a la salud y a la vida de los colombianos seguirán siendo vulnerados como viene ocurriendo hasta ahora.

De otra parte, si la hoja de ruta para el pago de las deudas de las EPS tiene como marco de tiempo lo dicho en el citado decreto, lo que implicaría esperar mínimo siete años para que esas entidades deudoras se recuperen, ¿también deben posfechar las IPS acreedoras sus expectativas de saneamiento financiero con el demorado pago que así se les está planteando dentro de todos esos años? Tal vez después de ese tiempo serán muchos los ciudadanos de este país que habrán fallecido por desatención, y muchas las IPS que habrán salido del mercado por cerrar sus servicios.

Creo que jugarle a posfechar la salud física y la vida a los colombianos, así como la salud financiera a las IPS, no es el marco que hará viable el sistema, ni la forma como este dejará de gastar más de lo que tiene.

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