Te señalan, te juzgan y te sentencian con pena de muerte social, sin siquiera conocer las pruebas que reposan en tu contra o el derecho aplicable al caso. Se cree que todo aquel que tenga un proceso, bien sea disciplinario o penal, es culpable sin importar lo que un juez tenga que decir. Ni el sistema penal acusatorio, ni la descarada mafia de falsos testigos que opera en Colombia son tan responsables como la sociedad, por la condena social y el prejuzgamiento de personas que solo con la apertura de un proceso sufren el rechazo social, el estigma y el escándalo desinformado de algunos medios de comunicación.
Este dañino prejuzgamiento que desconoce a todas luces la idea de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario es una patología social arraigada en Colombia, que tiene como base la creencia de que todo político o ciudadano que sea investigado por corrupción, narcotráfico, parapolítica o farcpolítica es culpable, porque bien es cierto que no hay refrán más profesado en el país que aquel que dice que cuando el río suena piedras lleva. Para la sociedad que se alimenta de la habladuría y del chisme popular, los términos de apertura de investigación u orden de captura son suficientes para acabar, destrozar y hacer añicos la reputación de una persona y el buen nombre de su familia. Poco le interesa a la sociedad esperar al juicio o a que se culmine el proceso, porque para una gran mayoría del país es suficiente un titular amarillista de noticiero nacional para empezar con la campaña del desprestigio de voz a voz.
En Colombia se ha presentado un sinnúmero de casos donde la justicia penal se ha equivocado gravemente, con acusaciones sin fundamento, como el conocido caso de Alberto Júbiz Hazbún, pero no suficiente con las imperdonables falencias que tiene el sistema penal, algunas personas se dedican a reafirmar estas acusaciones como si fueran jueces dueños de la verdad.
En un país donde actualmente se presentan tres mil casos de falso testimonio, y donde para muchos responsables de la comisión de delitos se ha vuelto un negocio endilgarles a otros la responsabilidad de sus conductas, debería esperarse cuando menos una condena judicial antes de hacer aseveraciones irresponsables y carentes de fundamento. Está bien que el país sea crítico y se interese en aquellas conductas criminales que afectan la institucionalidad, pues ello hace del control propio de las democracias, sin embargo, ello no da lugar al prejuzgamiento social por la comisión de delitos o faltas disciplinarias.
@tatidangond
