Luego del allanamiento de la Corte Suprema de Justicia al Cantón de Comunicaciones del Ejército el pasado 18 de diciembre, revelado por la revista 'Semana' hace un par de días, tenido como una diligencia dentro del escándalo de las nuevas 'chuzadas' pero que luego se dijo se trataba de una orden dentro de una investigación que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por su presunta relación con el hacker Andrés Sepúlveda, fueron citados por el alto tribunal nueve oficiales y cinco suboficiales del Ejército.
Son en total un coronel, mayor, tres capitanes, cuatro tenientes y cinco sargentos los citados por la magistrada Cristina Lombana, una de las togadas que habría sido víctima de las 'chuzadas' desde dependencias militares contra magistrados, políticos y periodistas, y cuya información al parecer recibía un político del partido uribista del Centro Democrático.
Según lo reveló el periódico 'El Tiempo', un día después del allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia situado en Facatativá, Cundinamarca, Lombana ordenó escuchar en declaración al teniente coronel Milton Rozo, comandante del batallón; el mayor Eduardo de la Torre; el teniente Jamid González; el teniente Luis Trujillo; la teniente Aura Páez; el capitán Luis Moreno; el capitán Heisen Trujillo; el capitán Alarcón; el sargento Helman Morales; el sargento Carlos Jaramillo; el sargento Pedro Lagos; el sargento Javier Eduardo Ramírez y el sargento Mario Sánchez.
El diario capitalino cita fuentes que 'aseguraron que los oficiales les reportaron a sus superiores que las preguntas de la magistrada se fundamentaron en tres aspectos: si conocían a Álvaro Uribe, cuáles eran sus labores de inteligencia y si en las mismas se incluían a personajes de la vida pública'.
De acuerdo con la información, las declaraciones se surtirían de manera inmediata pero la magistrada dijo sentirse mal de salud y se suspendieron.
La magistrada Lombana, quien tuvo relación de subordinación con Uribe cuando perteneció a las Fuerzas Armadas, tras ser designada para el caso por presunta manipulación de testigos que se sigue contra el líder del Centro Democrático, debió ser reemplazada hace un par de meses por encontrarse objetivamente impedida para adelantar el proceso.
De otro lado, tras el hallazgo de dos micrófonos en despachos del magistrado César Reyes, quien asumió el proceso contra Uribe por aparente manipulación de testigos contra el senador opositor Iván Cepeda, la caja de compensación Compensar dijo que en ese edificio en que funcionan desde hace unos meses las nuevas oficinas de la Corte Suprema, operaba el consorcio de salud de la caja.
'Dichos elementos hacen parte del sistema de comunicación que en su momento fue instalado en la oficina de la Dirección del Consorcio de Salud y la sala de juntas contigua, como parte del protocolo de infraestructura en instalaciones arrendadas', se lee en el comunicado de Compensar.
La caja de compensación aseguró además que los micrófonos fueron desactivados antes de entregar las instalaciones y que 'en cumplimiento del acuerdo comercial establecido con el propietario del edificio, todas las oficinas se dejaron con el mobiliario, equipamiento y cableado existente en su momento'.
La Fiscalía ya revisa estos micrófonos, uno en la oficina de Reyes y otro en la de su magistrado auxiliar, en el marco de las pesquisas por las nuevas 'chuzadas', por las que también es indagado el excomandante del Ejército, el general Nicacio Martínez.
Por otra parte, el senador Roy Barreras, disidente del oficialista La U y víctima de las interceptaciones ilegales, aseguró este miércoles que dos coroneles eran los encargados de hacer los seguimientos irregulares a los políticos.
'Tenemos claro que dos coroneles, uno de ellos activo y otro en reserva, han sido los operadores de estos equipos. Conocemos los nombres, los hemos suministrado a las autoridades y no los hacemos públicos para no entorpecer más la investigación', dijo el parlamentario opositor en rueda de prensa desde el Congreso.
Agregó Barreras al respecto que 'los 'chuzadores', los dos coroneles a cargo de esa interceptación y seguimiento particularmente a los senadores, porque otros oficiales se encargaban de los directores de medios y magistrados, no dependen de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sino de otros batallones de inteligencia del Ejército'.
Por ello, criticó al Gobierno y dijo que espera que 'se cambie la política pública de persecución, que es la política del enemigo. Cuando un Gobierno decide hacerle la guerra al enemigo interno, pero decide que todo aquel que piense distinto es el enemigo, solo lo acallan intimidándolo'.
Finalmente, anunció que irá junto con Cepeda a Washington para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, invocando su derecho a hacer oposición política.
