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Luis Fernando Suárez durante su posesión como gobernador (e) de Antioquia.
Colombia

Se posesiona Luis Fernando Suárez como gobernador (e) de Antioquia

La terna para reemplazar a Gaviria la presentarían la hija del mandatario departamental, el propio Suárez y el profesor Luis Fernando Montoya.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se posesionó este sábado ante la Asamblea paisa como gobernador interino del departamento tras la orden de captura contra el mandatario electo, Aníbal Gaviria, por presuntas anomalías de contratación.

Esto luego de que el presidente Iván Duque anunciara el pasado viernes la designación de Suárez ante el proceso judicial del titular departamental.

"En cumplimiento de las disposiciones legales, y mediante el Decreto 821, le informó al país y a los antioqueños que he encargado como Gobernador de Antioquia al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, quien actualmente se desempeña como Secretario de Gobierno del departamento", 'trinó' el jefe de Estado.

Al momento de la posesión, Rubén Callejas, presidente de la Asamblea de Antioquia, señaló: "Podemos manifestar que el desarrollo de Antioquia no se detendrá por este insuceso y lamentable impasse que tenemos por estos días".

Así mismo, el diputado le pidió al fiscal Francisco Barbosa que actúe con la misma vehemencia y velocidad con "todas y cada una de las investigaciones judiciales".

Por ahora, será la coalición política por la cual llegó Gaviria al poder, integrada por los partidos Liberal, La U, Verde y Cambio Radical, la que deberá presentar una terna ante el Gobierno para que el primer mandatario designe el gobernador encargado.

De esta manera, los tres integrantes del comité promotor del movimiento 'Es el Momento de Antioquia', es decir el propio Suárez, Emilia Gaviria -hija del gobernador electo- y el profesor Luis Fernando Montoya, deberán entregar la terna.

Suárez es odontólogo de profesión, especialista en epidemiología, fue gerente del Hospital Mental de Antioquia, alcalde encargado y secretario privado de la Alcaldía de Medellín.

Entre tanto, no han parado durante el fin de semana las manifestaciones de apoyo a Aníbal Gaviria. El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, emitió un comunicado respaldando al gobernador titular.

"No comprendemos su auto de detención porque él no constituye una amenaza ni para la justicia, ni porque haya razones para pensar que vaya a huir del país para evadir la acción de la justicia", expresó en el comunicado.

A su vez, la Andi, su Seccional Antioquia y su Junta Directiva Seccional, expidieron a su vez un boletín en el que manifiestan su "solidaridad y respaldo" a Gaviria "y a sus familiares".

Agregan los empresarios que aunque con "respeto por las instituciones de nuestro país", ven "con preocupación la decisión tomada, en nuestro criterio, desproporcionada" y la consideran "especialmente perjudicial en el contexto de emergencia sanitaria por el que atraviesa el departamento y el país".

El fiscal Barbosa anunció el pasado viernes la emisión de la orden de captura contra Gaviria por anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante su primer periodo como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007.

Según el ente acusador, los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras irregularidades.

Entre los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

De acuerdo con Barbosa, el encargado de la investigación encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista.

Además, afirma la Fiscalía, el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros: "Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10 mil millones en maquinaria y equipos. La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública".

Así mismo, según el ente de investigación, una de las adiciones representó cerca de $4 mil millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre: "Este último asunto, que comprometió más de $16 mil millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original".

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