Las protestas contra la ya hundida reforma tributaria del Gobierno ha derivado la peor crisis política y social que ha enfrentado el presidente Iván Duque en su mandato. Según cifras oficiales, las manifestaciones de los últimos siete días dejan al menos 20 personas muertas y más de 700 heridos.
Tales hechos han provocado el pronunciamiento de distintas organizaciones nacionales e internacionales encargadas de defender los derechos humanos.
Pero ha sido Cali, la capital del Valle del Cauca, el epicentro de las protestas, escenario que la ha convertido en el blanco de la violencia policial, los disturbios y los bloqueos.
Las manifestaciones se han realizado en varias zonas de esa ciudad, principalmente en las salidas hacia los municipios cercanos, a donde llegan a diario miles de personas a expresar su inconformidad con la violencia policial.
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Precisamente para evaluar esa situación, durante la tarde del lunes una comisión humanitaria integrada por funcionarios de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de organizaciones sociales fue víctima de acciones violentas y agresiones, al parecer, por parte de integrantes de la Policía en la estación policial Fray Damián en Cali.
Los hechos se registraron cuando la comisión se disponía a realizar la verificación de ciudadanos que fueron capturados durante los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que se dieron con gran fuerza en los sectores de Siloé y La Luna.
En videos que circulan en redes sociales se muestran ataques con armas, se escuchan explosiones y persecución.
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, afirmó frente a las denuncias de que policías han accionado sus armas de fuego en contra de civiles y organismos humanitarios que 'nadie ha dado instrucciones de disparar
Aseguró que los uniformados que acompañan las marchas van desarmados, pero precisó que los policías de vigilancia sí portan sus armas de fuego y que las accionan ante la comisión de un delito.
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