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Más grave que Iota, es el huracán de la corrupción en San Andrés: Procurador

La procuraduría investiga al Gobernador del archipiélago y a tres secretarios por contratos que superan los $191 mil millones.

El procurador Fernando Carrillo informó este jueves en rueda de prensa que inició una vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades del orden nacional y territorial, por un monto que supera los $191 mil millones.

“Desde el 17 de noviembre, después del paso del huracan Iota, en el departamento se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales seis, que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario”, indicó.

El ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla.

Además, el Ministerio Público focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones. Los contratos focalizados fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.

“Desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago”, se lee en el comunicado de la entidad.

Así mismo, abrió indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones.

El ente de control investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los estudios previos, el acta de inicio y la póliza de cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.2037986, celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

De igual forma, indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago -EMDESAI, EDDAS y SOPESA-, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.

Entre tanto, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el Contrato 1163 de 2020, suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones.

Del mismo modo, investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por $360’707.648.

“El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes”, señala la información.

De otro lado, avanza la indagación preliminar contra el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades en la ejecución del Contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083’420.000.

El acuerdo jurídico tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.

El ente de control disciplinario también indaga a funcionarios por determinar de la gobernación, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones.

Se busca establecer “si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio”.

Así mismo, el Ministerio Público investiga al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la gobernación, Juan Enrique Archbold Dau, por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento de los contratos de servicios profesionales No. 749 y 750 de abril de 2020, suscritos con dos periodistas.

“El ente de control busca establecer si los dos profesionales realizaron los programas de diseño, coordinación, elaboración, análisis y manejo de crisis por factores externos de la gobernación departamental, y los programas de radio institucionales. Igualmente, si los comunicadores residen en el departamento”, indica el reporte.

Agregó el procurador en la rueda de prensa que hay preocupación “en relación con la participación de los raizales en la elaboración del plan de reconstrucción del archipiélago. (...) Hay que aumentar los escenarios de concertación en la isla, los raizales creen que están excluidos y el Gobierno dice que les ha abierto todas las puertas. Por ello le pedí al gobernador que convocara la mesa de diálogo en las próximas horas para que la autoridad raizal tenga representación en estos escenarios”.

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