La Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por un presunto sobrecosto de $1.032 millones en arrendamientos de oficinas que pagó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, durante 2019.

Esta pesquisa se produce además en medio de la declaratoria de insubsistencia contra el expresidente de la ANH, Luis Miguel Morelli, que suscribieran el presidente Iván Duque y la ministra de Minas María Fernanda Suárez a través del Decreto 230 del 17 de febrero del presente año.

El ente de control fiscal reportó la apertura de la pesquisa el pasado 6 de diciembre de 2019 en una misiva de cuatro páginas que les envió el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, al director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas José Moreno y a la coordinadora del Grupo de Gestión Contractual del Ministerio de Minas Claudia Martínez.

El documento de Rodríguez fue en calidad de respuesta a las dos denuncias que se recibieron en el organismo revisor el 6 y 10 de septiembre pasados por presuntas irregularidades en la celebración del contrato de arrendamiento 597 de 2019, suscrito entre la ANH y AB Consultores.

En dichas denuncias recoge la Contraloría que se advierte que hubo "aprobación de recursos para las líneas de inversión de los proyectos de fiscalización en el marco del convenio 238 de 2019, los cuales fueron comprometidos sin contar con el visto bueno del director de Hidrocarburos, quien funge como supervisor del convenio".

Así mismo, se pone de presente que se presentaron "presuntas irregularidades en la línea de inversión de arrendamiento y mobiliario, con el pago significativamente superior a la realidad objetiva del mercado actual en el contrato 597 de 2019".

Por ello, el ente de control en medio de la investigación solicitó nuevas cotizaciones para establecer el valor comercial del arrendamiento e hizo análisis comparativos de los costos del contrato 597 con otros contratos de arrendamiento de entidades públicas en la misma ciudadela empresarial para establecer variaciones en los precios.

La conclusión fue determinante: "Se establecieron diferencias que no tienen sustento en los documentos objeto de análisis".

La Contraloría entra a establecer entonces que "inicialmente existe reparo acerca de la validez y/o falta de competencia por parte de una funcionaria del Ministerio de Minas para autorizar la realización del contrato" y que en los estudios previos no hay detalles sobre la discriminación de precios globales, lo que "genera incertidumbre acerca del cumplimiento del deber de planeación en desarrollo del principio de selección objetiva".

Ante esto se hizo una observación con incidencia disciplinaria al Ministerio de Minas por la aprobación de ejecución de recursos a la ANH por parte de la coordinadora del Grupo de Upstream del Ministerio, porque "no contaba con la competencia legal".

Y se elevaron otras dos observaciones a la ANH: una por deficiencias en el proceso de planeación, por no elegir la oferta de mejor precio, esta con incidencia disciplinaria.

Finalmente, la segunda observación de el organismo de control fiscal, la más grave y que tendría incidencia disciplinaria y fiscal, fue por "los costos del canon de arrendamiento en lo relacionado al área de los pisos sin adecuaciones, en los que se estimó un presunto detrimento patrimonial en cuantía que puede variar entre $67 millones y $361 millones, representados en un presunto sobrecosto del contrato 597/2019 durante los cinco meses transcurridos a noviembre de 2019, el cual puede llegar a ascender hasta $1.032 millones durante la ejecución total del contrato".