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Colombia

“Las acciones dirán más que las palabras”: Mintic sobre Centros Poblados

La Ministra expresó en su Twitter que este viernes a las 10: 00 de la mañana se conocerá el proceso sancionatorio del contrato 1043 de 2020 de la UT. 

Tras el escándalo del contrato para llevar internet a más de 7 mil colegios públicos del país, en el que el contratista, la Unión Temporal Centros Poblados, no ha instalado un solo dispositivo pese a haber recibido en febrero pasado un anticipo de $70 mil millones a través de un contrato al que se hizo además, al parecer, con garantías bancarias falsas.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, se expresó a través de redes sociales sobre el proceso sancionatorio del contrato 1043 de 2020 de la UT Centros Poblados.

Según lo manifestado por la Mintic, este viernes a las 10:00 de la mañana se conocerá dicho proceso.

“Que quede claro: ¡La conectividad en el país es imparable! Desde las 10 a.m., se decidirá el proceso sancionatorio del contrato 1043 de 2020 de la UT Centros Poblados”, informó.

Así mismo expresó en su cuenta de Twitter que “hoy las acciones dirán más que las palabras. Estaré informando los detalles del proceso”, puntualizó Abudinen.

Cabe recordar que una veintena de representantes opositores e independientes radicaron el jueves la proposición de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato para llevar internet a más de 7 mil colegios públicos.

Advierte el documento, de siete páginas, que ha habido “omisiones” de la funcionaria y que “se han presentado múltiples irregularidades respecto a las normas de contratación pública”.

Señalan que el 1 de diciembre de 2020, en desarrollo de la audiencia de adjudicación, “la Veeduría en Contratación Anticorrupción, Veecon, le presentó al Ministerio de las TIC la denuncia de que el señor Camilo Ernesto Valencia Suescún, que se presentó en la audiencia como apoderado del oferente Unión Temporal Ses Inred, (...) había suscrito con un contrato de prestación de servicios de asesoría jurídica especializada al despacho de la ministra, (...) por lo que se constituyó un claro conflicto de interés frente a la licitación pública”.

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