La Contraloría determinó a través de una auditoría tres hallazgos fiscales por $2.509 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uariv.
El ente de control habla de 'preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones'.
También de establecieron ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.
'De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto
de indemnizaciones administrativas. En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional', se lee en el comunicado.
El alto tribunal ordenó reglamentar el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos.
'De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018', indica el organismo.
Así mismo, se incumplieron según el reporte las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y del Plan de Acción de la Uariv, presentando bajo avance con víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas'.
Y en el plan de acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, se dejaron de cumplir 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas este año.
'En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad', indica el documento.
Finalmente, los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente, señaló la Contraloría.
