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Colombia

CIDH se suma a los organismos que piden investigar operativo en Putumayo

El organismo indicó que distintas organizaciones señalaron que existen “varias personas” de las comunidades “que están desaparecidas” hasta el momento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado a investigar “con la debida diligencia”, los hechos relacionados con las operaciones militares ocurridas en Puerto Leguízamo (Putumayo) y que dejaron 11 personas fallecidas.

A través de un comunicado, el organismo informó que varias organizaciones señalaron “que existen varias personas” de las comunidades que “están desaparecidas” hasta el momento; información que, según el Estado, estaría pendiente de verificación.

La petición se suma a la que este martes realizó el representante del secretario general de la ONU en Colombia y Jefe de la Misión de Observación, Carlos Ruiz Massieu, y a la que realizada desde hace días por la Human Rights Watch.

La Comisión señaló que recibió información sobre una supuesta denegatoria de asistencia médica requerida por las personas afectadas posterior a la acción militar ocurrida la mañana del 28 de marzo.

El organismo también solicitó “tomar acciones preventivas concertadas” con los grupos étnico-raciales y comunidades campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz.

“La CIDH registra que la Procuraduría empezó, de oficio, una indagación preliminar respecto del operativo en Puerto Leguizamo. Asimismo, toma nota de que el Fiscal dispuso que dos fiscales de la Dirección Nacional Especializada para la Investigación de Delitos contra los derechos humanos asumieran el caso, apoyados por un equipo de criminalística acompañado por la Unidad Especial de Investigación”, dijo la CIDH.

Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.

El Ejército se sostiene en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las Farc en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada ‘Segunda Marquetalia’.

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