Los servicios de vigilancia privada en Colombia enfrentarán incrementos durante 2026, un ajuste que ya comienza a sentirse en conjuntos residenciales, comercios y empresas.
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La combinación de nuevas tarifas oficiales, cambios laborales y el alza del salario mínimo está elevando la factura mensual de forma sostenida.
Aunque las resoluciones pasaron casi desapercibidas para muchos usuarios, sus efectos se traducen en millones de pesos adicionales cada mes por cada puesto de vigilancia.
La clave del aumento está en la estructura del sector. A diferencia de otras actividades, la vigilancia privada depende casi totalmente del recurso humano. De acuerdo con cifras de Fedeseguridad, entre el 80 % y el 90 % de los costos corresponden a nómina, lo que hace que cualquier ajuste salarial tenga impacto inmediato.
Con el salario mínimo de 2026 fijado en 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, el valor de un puesto de vigilancia 24 horas se incrementa desde enero.
¿Cuánto cuesta un vigilante 24/7 en el 2026?
Antes de finalizar 2025, un puesto de vigilancia permanente tenía un costo cercano a COP 14,9 millones mensuales. Tras la actualización de tarifas mínimas y la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo, ese mismo servicio pasa a costar alrededor de COP 18,8 millones al mes.
En julio, cuando los recargos dominicales y festivos lleguen al 100 % por la aplicación gradual de la reforma laboral, el valor subirá a COP 18,9 millones. Y con la implementación plena de la jornada laboral de 42 horas, el costo podría alcanzar los COP 19,6 millones mensuales.
Esto representa un incremento superior al 30 % en apenas seis meses, es decir, cerca de COP 4,7 millones adicionales por cada puesto de vigilancia 24/7.
El ajuste se oficializó el 30 de diciembre, cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la circular que fija las tarifas mínimas obligatorias para todo 2026. La medida aplica a empresas y cooperativas de vigilancia, armadas o no, con servicios humanos y caninos, en sectores residenciales, comerciales, industriales, financieros y públicos.
Desde el 25 de diciembre, el costo base quedó establecido en 9,77 salarios mínimos, a los que se suman gastos administrativos obligatorios.
Los gremios explican que las empresas de vigilancia operan con márgenes muy reducidos, entre el 2 % y el 3 %, lo que impide absorber el impacto de los aumentos laborales. En consecuencia, el ajuste se traslada casi por completo al usuario final.
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También crece el uso de tecnología automatizada como cámaras y controles de acceso para disminuir costos de nómina.
Asimismo, Confevip y Fedeseguridad advierten que algunos conjuntos residenciales y pequeños comercios podrían optar por reducir personal o buscar alternativas más económicas fuera del marco legal.
