Será el próximo jueves 13 de noviembre cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) vote la ponencia con la que dos de los magistrados aseguran que la campaña de Petro presidente violó los topes electorales en 2022 en más de $5.000 millones de pesos.
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De acuerdo a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña del mandatario utilizó más recursos de lo establecido por la ley tanto en primera como en segunda vuelta, en 2022.
La ponencia afirma que en total $5.300 millones de pesos no fueron reportados por la campaña y por lo cual se inició la investigación en el ente electoral en 2024. Unos $3.700 millones corresponden, según indica el expediente, a primera vuelta y no se registraron en los informes.
El restante, los $1.600, corresponderían a lo no reportado en segunda vuelta que tenían origen en un contrato con la empresa de aviación Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) que le prestó servicios al partido de gobierno Colombia Humana al final de la campaña.
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Lo formulado en el pliego de cargos contra SADI esto se cayó, según reveló el diario El Colombiano. Lo que sí quedó en firme fueron los aportes de la Unión Sindical Obrera, los de Fecode, del partido Polo Democrático y una factura de Caracol Televisión.
Ricardo Roa -gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol- sería uno de los sancionados, si el CNE decide acoger la ponencia, con aproximadamente 4.000 millones de pesos, entre devoluciones y pagos adicionales, ya que el documento no plantea, de momento, sanciones políticas, pero sí económicas.
Roa no sería el único sancionado, la ponencia también plantea multas a la Colombia Humana y la Unión Patriótica -también partido oficialista-. Se pide, además, la devolución de dinero, manteniendo la personería jurídica de estas dos colectividades.
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Para el presidente Gustavo Petro no se contemplan sanciones, pues es de recordar que la Corte Constitucional le puso freno a la investigación en junio de este año al notificarle al CNE que no tiene competencia para adelantar pesquisas, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de hacerlo debido al fuero presidencial.
Vale mencionar que para que la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada sea aprobada y tenga carácter vinculante, requiere el apoyo de 6 de los 9 magistrados de la Sala Plena del CNE.
