El próximo 4 de agosto, María Alejandra Benavides comparecerá ante la Corte Suprema de Justicia para declarar en el marco de la investigación que involucra a seis congresistas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia se llevará a cabo a las 2:00 PM en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala Especial de Instrucción.
La exasesora del Ministerio de Hacienda obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, lo que le garantiza no ir a prisión a cambio de su colaboración con la justicia y su testimonio contra los legisladores implicados.
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Los congresistas bajo investigación son Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, este último ya renunció a la Cámara de Representantes. Todos permanecen en libertad mientras enfrentan el proceso penal, después de que la Sala no acogiera la ponencia del magistrado Rodríguez para privarlos de la libertad.
Benavides participó activamente en 2023 en diligencias destinadas a conectar a los congresistas investigados —miembros de las comisiones económicas— con el Ejecutivo. Para esto, admitió haber intercambiado mensajes con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD ya condenado, y con Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre.
El mecanismo consistía en que el Gobierno Nacional buscaba la aprobación de cupos indicativos a finales de 2023 en las comisiones. Como contraprestación, los seis congresistas serían beneficiados con tres contratos millonarios valorados en 92.000 millones de pesos, destinados a atender urgencias por la ola invernal en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
Sin embargo, estos recursos nunca llegaron a desembolsarse debido al estallido del escándalo de corrupción en la UNGRD, que ha salpicado a múltiples personas cercanas al presidente Gustavo Petro y a congresistas tanto oficialistas como de oposición.
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Durante su testimonio ante la Corte Suprema, se espera que Benavides proporcione detalles adicionales sobre los seis legisladores investigados. Su declaración también incluirá información en contra de su exjefe, el exministro Ricardo Bonilla, quien podría enfrentar una audiencia de imputación por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, según se espera de la fiscal María Cristina Patiño.
El caso contrasta con la situación de otros implicados como Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen privados de la libertad, acusados de recibir sobornos por 4.000 millones de pesos para favorecer al Gobierno con sus votos.
