El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó una defensa del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, pieza central de la política de paz total del presidente Petro. Durante su intervención en el proceso de socialización ante el Congreso, el funcionario caracterizó esta iniciativa como una “tercera vía” para la justicia transicional del país, diferenciándola de los enfoques implementados por las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
La propuesta gubernamental ha generado debates por las dudas que surgen respecto al tratamiento de reincidentes y delincuentes que ya se encuentran privados de la libertad. Sin embargo, Montealegre enfatizó que el objetivo principal trasciende el tratamiento individual de los criminales para centrarse en el desmantelamiento estructural de las organizaciones.
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“Muchos de ellos ya están presos pero han avanzado mucho en el cumplimiento de las penas. Vuelvo y reitero, esta política está centrada en desmantelar organizaciones antes que en el tratamiento individual y si logramos el desmantelamiento de la organización, que dejen de extorsionar, de incorporar a los niños en estas organizaciones armadas pues yo creo que eso, desde el punto de vista del derecho penal y desde vista del derecho constitucional, justifica una negociación”, explicó el ministro.
A diferencia de los modelos anteriores que crearon jurisdicciones especiales -la Ley de Justicia y Paz de Uribe y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Santos-, este nuevo esquema será administrado directamente por la Fiscalía General de la Nación y los jueces ordinarios de la República. El proyecto combina elementos de justicia retributiva, que mantiene un mínimo de cinco años de privación efectiva de la libertad, con un fortalecimiento de la justicia restaurativa centrada en la verdad y la reparación.
Montealegre asegura que mientras que el modelo santista se basó en la negociación con un grupo jerárquico y vertical bajo la premisa de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el enfoque actual invierte esta lógica. El proyecto busca establecer primero un marco jurídico que funcione como “bitácora” para las organizaciones al margen de la ley.
Montealegre subrayó que las condiciones históricas del país han evolucionado, requiriendo negociaciones con estructuras que no necesariamente mantienen modelos jerárquicos tradicionales, como ocurre con el ELN. La política de paz total aspira a contar con un “marco ya firmado en diciembre”.
El ministro respaldó la estrategia citando los resultados tangibles obtenidos en ciudades como Medellín, donde se ha registrado una disminución de la violencia. Además, destacó compromisos específicos como la extracción de más de 2.000 menores de edad (entre 14 y 16 años) de las organizaciones criminales.
Para acceder a este marco de negociación, las organizaciones deben cumplir con requisitos estrictos: cesar completamente sus actividades delictivas, incluyendo minería ilegal, narcotráfico, extorsión y secuestro. El ministro reconoció que el proceso no será inmediato, considerando que estas estructuras han operado durante años, y solicitó paciencia a los colombianos para permitir un desescalamiento gradual de la violencia.
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Respecto a la controvertida propuesta que permitiría a financiadores y criminales conservar hasta el 12% de los bienes adquiridos ilegalmente, Montealegre aclaró que esta metodología no constituye una novedad. Según explicó, ya existe en la legislación colombiana a través del Código de Extinción de Dominio, que contempla hasta el 10%, y sigue un modelo estadounidense asesorado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El ministro señaló que, aunque esta norma no ha sido “adecuadamente implementada” en el pasado, tampoco ha sido declarada inconstitucional, lo que respalda su viabilidad jurídica dentro del nuevo esquema propuesto por el gobierno Petro.
