El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un reporte en el que lanza duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro y propone reducir en un 50 % los fondos entregados a Colombia para asistencia no militar.
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“La comisión observa que la administración Petro no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos comunes. Por lo tanto, los fondos para Colombia se reducen en un 50 % con respecto al nivel del año fiscal 2025 para asistencia no militar”, se lee en el reporte.
Esta medida hace parte de la propuesta presupuestaria de dicho comité para el año fiscal 2026. En ese sentido, contempla 208 millones de dólares para Colombia, dirigidos a la seguridad nacional (67 millones de dólares), lucha contra el narcotráfico (103 millones de dólares) y fuerzas armadas (38 millones de dólares).
Además, el comité expresó en el reporte preocupación por “las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro, que contradicen los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos”.
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También afirmó estar preocupado por el “aumento de los informes de abuso de drogas en Colombia, incluso en los niveles más altos del gobierno”, por lo que ordenó al Secretario de Estado que “consulte con los Comités de Asignaciones a más tardar 90 días después de la promulgación de esta Ley sobre las oportunidades para implementar la programación de reducción de la demanda en Colombia”.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU. señaló que se presenta “deterioro del entorno de seguridad y creciente volatilidad política en Colombia”, evidenciado en casos como el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio.
“El Comité está aún más alarmado por los informes de creciente desestabilización en toda Colombia a medida que los actores armados y las organizaciones criminales recuperan el territorio perdido y el conflicto violento se intensifica en múltiples regiones”, agrega el reporte.
Igualmente expresó preocupación por “los informes de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluidas las denuncias de vigilancia no autorizada, denegación del derecho a la defensa y conflictos de intereses”.
“Las cuestiones de politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el estado de derecho en Colombia. Los desafíos observados en Colombia reflejan un patrón preocupante de amenazas al debido proceso y a la independencia judicial, y sirven como recordatorio de que estos valores democráticos fundamentales deben protegerse en todo el mundo”, añade el documento.