Una treintena de destacados juristas del país advirtieron el pasado domingo en un comunicado que la conclusión del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos es que no hay pruebas para condenarlo.
Esto a ocho días de que se conozca el sentido de fallo en el juicio al exmandatario.
“Sobre el proceso en contra de Álvaro Uribe, hay una conclusión clara: no hay pruebas para condenarlo”, se lee, advirtiendo además los expertos que se trata de un ‘lawfare’ contra el expresidente, (...) convirtiéndose en una herramienta utilizada por diversos actores políticos para deslegitimar y debilitar a sus oponentes.
Agregan en este sentido que “el ‘lawfare’ podría implicar la ‘politización de la justicia’ o la ‘judicialización de la política’” y que este “ha encontrado terreno fértil en los últimos años, especialmente en el contexto del deterioro de la democracia, la corrupción y la polarización política”.
Ponen de presente en este punto que “Uribe ha enfrentado múltiples investigaciones por presuntos delitos dentro de una narrativa mediática relacionada con una supuesta complicidad con la creación de grupos paramilitares”.
Resuelven por ello que “de las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado ‘caso del siglo’ fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”.
Exponen en esta misma línea que “Del acervo probatorio se deduce que la acusación penal de la Fiscalía por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no está fundada en ninguna prueba sino construida con base en testigos mendaces, y contradictorios, como lo son Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tan solo conocidos por su prontuario criminal”.
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“Uribe fue víctima de una interceptación telefónica ilícita ordenada por ‘error’ de la autoridad judicial en marzo de 2018, y pese a la advertencia del ‘error’ por parte de los operadores judiciales, las escuchas se prolongaron ilegalmente durante más de un mes; se avalaron y se aportaron al proceso grabaciones de las conversaciones entre el expresidente y sus abogados que gozan de absoluta confidencialidad; y en fin, se filtró información procesal con reserva legal a los medios de comunicación, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del ex presidente Uribe, afectándose su presunción de inocencia y sus derechos humanos”, añaden.
Entre los firmantes del documento figuran los respetados legistas Amir Nayi Abushihab Collazos, José Vicente Ángel, Hilda Caballero, Germán Calderón España, Javier Cortázar, María Cristina Cuéllar, Luis Gabriel Chávez, Orieta Daza, José Alfredo Escobar Araújo, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Fajardo, Francisco José Lloreda, María Clara Posada Caicedo, María Claudia Rojas, Patricia Salgado, Freddy Succar Chediac y Blanca Eugenia Uribe.
