Un amplio grupo de profesionales de la salud de Colombia, tanto en el país como en el exterior, expresó su rechazo a las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el sector médico y organizaciones como Keralty.
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Por medio de una carta abierta dirigida al mandatario y a la ciudadanía, los firmantes acusan al jefe de Estado de hacer señalamientos infundados que afectan la legitimidad del sistema de salud y comprometen la integridad de quienes lo integran.
“Utilizar el poder ejecutivo para promover narrativas infundadas, no solo deslegitima la función presidencial, sino que pone en riesgo la seguridad de miles de trabajadores de la salud, profundiza la desconfianza ciudadana, erosiona la gobernabilidad y agrava la crisis social, económica y política que atraviesa Colombia”, se lee en el pronunciamiento publicado este mes.
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La carta es una respuesta directa a las declaraciones del presidente en las que ha cuestionado públicamente la actuación de médicos y prestadores de servicios de salud, al tiempo que ha acusado a ciertas entidades del sector de prácticas irregulares, sin aportar sustento judicial o técnico.
Para los firmantes, esta actitud constituye “una transgresión directa a los deberes constitucionales del Presidente”, en tanto debilita principios esenciales como el respeto al debido proceso y al buen nombre.
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En la misiva, los profesionales recordaron que durante la pandemia de COVID-19, el personal médico actuó con entrega y valentía frente a la incertidumbre y la escasez.
“Desconocer ese compromiso es una afrenta moral, un acto de ingratitud y un golpe al corazón de la salud”, advirtieron. En ese sentido, rechazaron toda narrativa que, desde el poder, distorsione la verdad o ponga en duda su labor, la cual —según indicaron— está basada en la evidencia científica, el conocimiento técnico y el respeto por la dignidad humana.
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“No somos ni seremos jamás el enemigo de Colombia”, afirmaron. “Somos el pilar ético, técnico y humano del país que legitima el contrato social por la salud”.
Una crisis estructural que amenaza vidas
Además del pronunciamiento frente a las declaraciones del Ejecutivo, la carta expone un panorama crítico del sistema de salud colombiano. Los firmantes aseguran que el país atraviesa una crisis estructural que compromete la vida de millones de ciudadanos, con un déficit acumulado superior a los 20 billones de pesos y un aumento sostenido de tutelas, quejas por barreras en el acceso y cierres de prestadores.
“Más de 30 millones de personas enfrentan los riesgos de un sistema intervenido sin garantías ni soluciones reales”, alertaron. Citaron datos que muestran que las intervenciones sobre EPS, como la de Sanitas, han tenido efectos adversos, entre ellos un aumento del 25% en la mortalidad de pacientes con enfermedades crónicas, fragmentación en la atención y desgaste moral del personal sanitario.
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Asimismo, señalaron que los adultos mayores —más del 14% de la población— están especialmente expuestos a complicaciones por enfermedades crónicas. “8 de cada 10 adultos mayores sufren dos o más enfermedades crónicas, lo que aumenta complicaciones, hospitalizaciones y deterioro en la calidad de vida”, indicaron.
Según el documento, el costo asociado al manejo de estas condiciones crecerá en un 40%, lo que afectará aún más la sostenibilidad financiera del sistema.
Apoyo a fallo de la Corte Constitucional
El pronunciamiento también celebra la reciente sentencia SU-277/25 de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención estatal a EPS Sanitas. Según los profesionales, esta decisión representa “un hito jurídico” que reafirma el Estado Social de Derecho y corrige lo que consideran una actuación arbitraria y sin sustento técnico del Gobierno.
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Finalmente, los firmantes se declararon dispuestos a liderar la reconstrucción del sistema de salud desde un enfoque basado en evidencia, justicia y compasión. Hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger la verdad frente a la desinformación y para evitar que la estigmatización se convierta en una amenaza para la democracia.
“La salud no puede ser rehén del conflicto político. La vida, la dignidad y la verdad no se negocian”, concluye la carta.
