Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, presentó este viernes el borrador del proyecto de ley que provee el Marco Jurídico para la Paz Total ante el Consejo de Política Criminal.
De acuerdo con la cartera, el objetivo de la diligencia será recoger diferentes opiniones sobre el documento con el objetivo de quede ser incorporadas en el texto definitivo que se presentará próximamente al Congreso.
“No se está creando una nueva jurisdicción de paz, y todo se hará dentro del modelo del actual sistema penal acusatorio con algunos ajustes al Código de Procedimiento Penal”, aseguró Montealegre.
Renglón seguido, Montealegre reiteró que no tendrán tratamiento de delito político los delincuentes comunes y organizaciones criminales de alto impacto.
“Solo insurgencias son consideradas responsables de delitos políticos”, apuntó.
En este sentidom, el ministro afirmó que los avances logrados en Medellín en el marco de la Paz Toal —como el acuerdo para desvincular a 2.000 niños de entre 14 y 16 años de estructuras ilegales— muestran que insistir en la negociación “es hoy más necesario que nunca”.
“No podemos reiterar una espiral de violencia de más de 50 años para volver a apostar por la guerra”, dijo.
Por su parte, ña revelación de una propuesta gubernamental que buscaría beneficiar con libertad condicional a líderes de organizaciones criminales ha desatado una ola de rechazo en el Congreso, donde la oposición ya anuncia una férrea resistencia cuando el proyecto llegue a debate después del 20 de julio.
“Nos vamos a oponer frontalmente, no solamente por una actitud de oposición política, sino un asunto de dignidad y cumplimiento de normas internas e internacionales”, declaró el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien calificó la iniciativa como “una especie de amnistía prohibida por la normativa internacional”.
La propuesta, elaborada por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y su equipo según reveló el diario El Tiempo, plantea reformar la Ley de Justicia y Paz del 2005 para incluir a narcotraficantes que no tienen estatus político en el marco de la ‘paz total’. Estos capos podrían acceder a condenas máximas de entre cinco y ocho años, con posibilidad de cumplirlas en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de ‘armonización’.
El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa expresó su rechazo señalando que la medida “contradice toda una política en materia criminal que afecta gravemente los derechos de las víctimas, poniendo en riesgo la estabilidad de los valores de la República”. El congresista anticipó que su bancada se opondrá rotundamente cuando el proyecto llegue al Legislativo.
“Si este Gobierno insiste en este tema por supuesto nos opondremos”, manifestó Motoa, quien además ve en esta controversia una oportunidad para “limitar más las posibilidades de adelantar diálogos con el Eln o las Farc, que han incumplido acuerdos con los gobiernos de turno”.
