Una nueva controversia rodea al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tras revelarse los detalles de la salida de nueve cabecillas de estructuras criminales de Medellín para participar en un evento con el presidente Gustavo Petro. La entidad respondió un derecho de petición que se le remitió por la polémica salida de cabecillas de Medellín el pasado 21 de junio.
Los delincuentes trasladados desde la cárcel de La Paz de Itagüí fueron Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom), Jesús Vallejo Alarcón (alias Vallejo), Freyner Alonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre), Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias el Compa), Juan Fernando Álvarez (alias Juan 23), Élder Darbry Zapata Rivera (alias Grande Pa), José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Dayron Alberto Muñoz Torres y Walter Alonso Román Jiménez. Todos ellos con condenas por concierto para delinquir y otros delitos graves.
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Según una investigación realizada por la Revista Semana, la justificación legal presentada por el INPEC se fundamenta en el “numeral 4 del artículo 189 de la Constitución” y en la “investidura jerárquica institucional”. Según la entidad, el presidente, como suprema autoridad administrativa del INPEC, formuló las solicitudes de traslado a través de la coordinadora delegada para el Espacio de Conversación Sociojurídico de paz total, en coordinación con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz.
“El presidente, en su calidad de suprema autoridad administrativa del Inpec, ha formulado, por conducto de la coordinadora delegada para el Espacio de Conversación Sociojurídico de paz total, y en articulación con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, solicitudes de traslado de personas privadas de la libertad designadas como voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”, se lee.
La investigación asegura que el papel de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, resulta clave en este proceso. Como coordinadora del espacio mencionado, envió una comunicación escrita al INPEC solicitando la salida de los privados de la libertad, designados como voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Este documento se ha convertido en prueba central de las acciones judiciales interpuestas contra ella por presunta violación de normas.
Lo más controvertido de la respuesta del INPEC es su afirmación de que no requirió autorización judicial para estos traslados. La entidad argumenta que tiene autonomía basándose en el artículo 72 de la Ley 65 de 1993, que establece que la autoridad judicial pone a disposición del director del INPEC a las personas condenadas, y el numeral 8 del artículo 2 del decreto 4151 de 2011, que garantiza el control sobre la ubicación y traslado de la población privada de la libertad.
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Esta interpretación ha generado fuertes cuestionamientos. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín y concejal de Creemos, considera que la respuesta evidencia la ilegalidad de la salida de los cabecillas y constituye un delito del que deberían responder tanto el INPEC como la senadora Zuleta. “En su interpretación torcida de la norma, terminan afirmando algo que ningún colombiano quisiera escuchar de la institución que debe custodiar criminales: que no necesitan autorización de nadie para sacarlos de la cárcel”, declaró Tobón.
