Ocho militares que se encontraban retenidos por integrantes de consejos comunitarios en la zona rural de Roberto Payán, en Nariño, fueron liberados tras una jornada de diálogo que contó con la mediación de la Gobernación del departamento, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y representantes de la Organización de las Naciones Unidas.
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La entrega se efectuó en la región de Chimbuza, luego de que las comunidades accedieran a liberar a los uniformados bajo la condición de revisar la continuidad de las operaciones militares en el territorio.
Según se informó, los militares se encontraban en buen estado de salud al momento de su entrega a la Defensoría.
La retención se dio en un contexto de tensiones por la presencia militar en zonas donde se desarrollan procesos de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y grupos armados.
Las comunidades manifestaron su preocupación por las posibles afectaciones que la actividad castrense podría generar en las conversaciones que se adelantan con la disidencia conocida como Ejército Bolivariano, antes Segunda Marquetalia, bajo el liderazgo de alias Iván Márquez.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, explicó que desde horas antes de la liberación se venían adelantando contactos con representantes de los consejos comunitarios, en busca de una solución pacífica. Destacó, además, que el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo fue determinante para alcanzar el acuerdo.
En Nariño se desarrollan actualmente dos procesos de diálogo. Uno con el Ejército Bolivariano, y otro con el antiguo frente Comuneros del Sur del ELN.
Ambas mesas han reportado progresos en aspectos como la reducción de hechos violentos y el inicio de un plan piloto para la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito en áreas cercanas a la laguna de Chimbuza.
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La comunidad ha solicitado que se mantenga un clima de estabilidad en la región, con el fin de no poner en riesgo los acuerdos parciales que se han alcanzado y garantizar condiciones adecuadas para la continuidad de las conversaciones. Las autoridades, por su parte, reiteraron su disposición a mantener canales abiertos de diálogo con las comunidades.
