Tras permanecer diez días bajo atención médica en la ciudad de Medellín, el subintendente Robinson de Jesús Acevedo Castrillón falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en un atentado ocurrido el pasado 25 de abril en el municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño. El hecho se produjo cuando una patrulla de la Policía Nacional fue atacada con una granada de fragmentación en las inmediaciones del Banco Agrario, donde el uniformado prestaba servicios de seguridad.
Acevedo fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde los equipos médicos intentaron estabilizarlo sin éxito. Su deceso fue confirmado por el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, quien, a través de sus redes oficiales, expresó condolencias a la familia del uniformado y anunció que se ha conformado un equipo especial de investigación criminal para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.
Durante el ataque en Remedios resultaron heridos otros dos uniformados y una civil que transitaba por la zona en motocicleta. En la reacción de las autoridades, dos de los agresores murieron tras un cruce de disparos.
Según información preliminar, los atacantes serían presuntos integrantes del Clan del Golfo, estructura armada ilegal señalada de ejecutar el denominado ‘plan pistola’, una estrategia violenta dirigida contra miembros de la fuerza pública.
Este atentado se presentó pocas horas después de otro episodio en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, donde cuatro hombres armados atacaron una unidad policial en el sector conocido como “La Bomba”. En ese hecho fue herido el patrullero Lenín Rafael Suárez Osorio, quien falleció más tarde en un centro médico.
Ambos incidentes se suman a una serie de hechos violentos registrados recientemente en Antioquia, donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado una escalada de ataques contra uniformados.
Las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, han expresado preocupación por el incremento de la inseguridad y han solicitado mayor acompañamiento del Gobierno Nacional.
En respuesta, el Ejecutivo ha reiterado su respaldo a las fuerzas de seguridad y ha puesto en marcha medidas para reforzar su capacidad operativa en las regiones afectadas. Como parte de esta estrategia, se han ofrecido recompensas económicas por información que conduzca a la identificación de los responsables de los recientes atentados.
El contexto de violencia en Antioquia ha estado marcado por la disputa territorial de estructuras criminales que operan en zonas estratégicas para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. A pesar del fortalecimiento de los operativos de control por parte de la Policía y el Ejército, los ataques han continuado, dejando víctimas tanto en las filas de la fuerza pública como en la población civil.
La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con grupos armados, al tiempo que reafirmó su compromiso institucional de capturar a los responsables y presentarlos ante la justicia.
