Extracción sin control está acabando poco a poco con el río Badillo
Amparados en una norma nacional de 1969, Corpocesar autorizó a finqueros a desviar la corriente para regar cultivos de arroz y criar animales. En verano el caudal baja en un 50%, pero el problema es que no hay control sobre extracción.
Amparados en una norma nacional de 1969, Corpocesar autorizó a finqueros a desviar la corriente para regar cultivos de arroz y criar animales. En verano el caudal baja en un 50%, pero el problema es que no hay control sobre extracción.
El río Badillo, fuente de inspiración de cantos vallenatos y una de las reservas hídricas más importantes en el norte de Valledupar, está muriendo lentamente por cuenta del saqueo de sus aguas.
Las 139 concesiones autorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, con base en una norma nacional de 1969, están a cargo en su mayoría por finqueros que la usan para cría de ganado y el riego de grandes extensiones de cultivos de arroz. A ello se suman las captaciones ilegales a lo largo de la corriente y la fuerte sequía que tienen en estado agónico al afluente que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La situación se torna más preocupante en la época de verano, como la actual, cuando la corriente base de unos 8.500 litros por segundo se reduce a la mitad. Pese a ello los hacendados siguen captando el líquido con trincheras artesanales o canales construidos con maquinarias para garantizar el éxito de sus cosechas, el pasto y agua para los animales de cría, sin más medición que la que ellos autodeclaran ante la autoridad ambiental, debido a que esta no cuenta con un sistema efectivo para controlar el uso real de las aguas concesionadas.
Ni medidores ni control. Tampoco hay medidores que indiquen cuánto es el aprovechamiento de la corriente. Solo las inspecciones periódicas de campo o denuncias ciudadanas permiten establecer si hay captaciones más allá de las autorizadas, o desviaciones ilegales. Le toca a Corpocesar confiar en lo que los mismos finqueros, en su mayoría, reportan. “Cuando hay denuncias, los funcionarios llegan, cierran las trincheras, pero cuando se van vuelven y las abren”, indicó un lugareño.
El caudal de reparto autorizado entre todas las concesiones es de 3.800 litros por segundo, de los cuales más del 90% se destina para uso agropecuario; por esa cantidad de agua, los beneficiarios pagan una tasa de uso anual que promedia los 220 millones de pesos, recursos que de acuerdo con las normas, deben reinvertirse en la recuperación de la cuenca. Estos son mínimos frente al grave impacto ambiental que genera el desvío sin control real.
Para el ambientalista Rubén Estrada, el daño ecológico es “incuantificable”, y lo que pagan los concesionarios es “irrisorio” frente al impacto ambiental negativo que produce la pérdida del agua.
“Corpocesar debería exigir a los concesionarios además del pago por tasa de uso, que es mínimo frente a todo el aprovechamiento, una compensación ambiental como reforestar la zona donde están ubicados. Corpocesar no tiene cómo controlar el uso del agua”.
Añadió que los litros por segundo que capta cada concesión están en el papel, pero en la práctica muchas captan más, y no tiene la corporación un control sobre esto”, puntualizó.
Mientras las fincas se abastecen de agua para ganado y cultivos, en su mayoría, la población de Badillo padece por falta del líquido debido a que hace más de dos años una creciente arrasó con el acueducto y ahora se abastecen en carrotanques que llegan desde Valledupar.
Hombres, mujeres y niños de esta comunidad hacen fila en un camión cisterna que envía la Gobernación del Cesar cada ocho días. Con canecas, ollas, tanques o cualquier otro recipiente ‘pelean’ puestos para tener agua para consumo, pero a unos cuantos metros se observan las acequias, canales y trincheras construidas donde la corriente se desvía en cantidades mayúsculas hacia los cultivos de arroz y los pastizales donde están los animales.
Mervín Rodríguez, habitante de Badillo, manifestó que “el río tiene muchos desvíos, hay fincas grandes que lo aprovechan, pero a nosotros nos hace falta el agua. El camión llega cada ocho días, y cuando se nos acaba tenemos que comprar la caneca de cinco galones a 2.000 pesos a un señor que la trae de Valledupar”.
John Andrés Ortiz, otro lugareño, sostuvo que a veces usan maquinaria para canalizar, otros abren zanjas a punta de herramientas o simplemente dejan boquetes en las orillas para llevar el agua a las fincas.
No está actualizada
Si bien esta norma para concesionar está vigente, la falta de actualización genera otro problema: aparecen como adjudicatarios personas fallecidas o que ya no les pertenecen los predios.
Campo Alegre que capta 100 litros por segundo; Yerbabuena, 106 litros; El Corralito y Máxima, 115 litros; Asbinia, 116 litros; y La Zocola, con 117 litros por segundo son algunas de las fincas, con más de 100 hectáreas cada una, que están autorizadas para captar agua del río en unos porcentajes que superan con creces los asignados para los acueductos de Patillal, Badillo, Guacoche, Guacochito y el Alto de La Vuelta, que tienen entre 6 y 9 litros por segundo para consumo humano.
Estas concesionarias pagan de acuerdo con la cantidad de agua asignada una tasa de uso.
El exgobernador del Cesar Hernando Molina, cuya familia se dedica al cultivo de arroz en la región, sostuvo frente a esta polémica que Corpocesar la tiene porque no hay un control efectivo para que haya agua tanto para los productores como para las poblaciones.
“Teníamos una concesión para 400 hectáreas en la finca ‘Mano de Dios’, ya no se siembra eso, ahora unas 120 hectáreas”, precisó. Consideró que es necesario que se concrete una reunión con la autoridad ambiental en busca de soluciones.
El productor Álvaro José Soto señaló que “el problema no es cuántas concesiones hay, ni cuántas pagan; el problema es que no hay control. La solución es almacenar agua en época de abundancia para poderla distribuir en la temporada de sequía, y para eso se necesitan unos reservorios”.
El subdirector del área ambiental de Corpocesar, Antonio Rudas Muñoz, precisó que la reglamentación rige desde 1969.
Reconoció que Badillo es una de las corrientes hídricas que más conflicto genera en la jurisdicción de la entidad en este departamento por la cantidad de usuarios y la demanda por ser zona arrocera.
Sostuvo que el uso del agua y las concesiones están amparadas en Colombia por decretos como la Ley 1541 de 1978, por el cual se reglamentan apartes de la Ley 2811 de 1974, que trata sobre el dominio de las aguas, cauces y riberas, y las normas que rigen su aprovechamiento sujeto a prioridades.
De los modos de adquirir derecho al uso de las aguas y sus cauces, el artículo 28 del Decreto Ley 1541 de 1978 establece que de conformidad con el artículo 51 de la Ley 2811 de 1974, se logra por ministerio de la ley, por concesión, por permiso o por asociación.
El artículo 29 determina que toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos por los artículos 32 y 33 de este Decreto, y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas, en los casos establecidos en el artículo 36, que trata de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación, riego y silvicultura, abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación y uso industrial, entre otros.
La misma norma establece que el suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido.
Las concesiones, según la Ley, se otorgarán por un término no mayor de 10 años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de 50 años.
Rudas afirmó que para la actualización de una reglamentación de fuente hídrica, según los lineamientos del Ideam, se requieren equipos especializados y una sola corriente puede costar más de 500 millones de pesos.
“La corporación no cuenta con la capacidad para hacerlas todas al mismo tiempo, entonces por cada vigencia estamos reglamentando una o dos corrientes, tenemos tres o cuatro a las que se les hizo el plan de ordenamiento del recurso hídrico y esperamos el otro año hacer otras dos, pero bajo la capacidad sola de la corporación es muy difícil, entonces es un problema que vamos a demorar en resolverlo, mientras tanto hay que ir haciendo regulaciones del recurso, control del cauce, dándole prioridad al consumo humano”, puntualizó.
Como medida de choque a los desvíos del río Badillo, y teniendo en cuenta el bajo caudal por cuenta del verano, la Corporación Autónoma Regional del Cesar inició un proceso de regulación en terreno a fin de bajar la captación de las concesiones hasta en el 50% y eliminar el aprovechamiento ilegal del mismo.
Procuraduría pidió informe a Corpocesar
El procurador agrario en el Cesar, Camilo Vence, dijo que en lo concerniente al río Badillo no se han iniciado actuaciones, pero señaló que el año pasado el Ministerio Público le pidió un informe detallado a la Corporación Autónoma Regional en este departamento sobre las concesiones en las diferentes cuencas y los mecanismos que está utilizando para su control.
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