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Exoficial de La Popa reconoció su responsabilidad en ‘falsos positivos’

Otros 10 exintegrantes de la unidad militar en Valledupar también reconocieron ante la JEP su participación en los crímenes cometidos en la costa entre 2002 y 2005.

El mayor retirado del Ejército, Guillermo Gutiérrez Rivero, quien se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón La Popa en Valledupar y uno de los uniformados de más alto rango imputados por los llamados ‘falsos positivos’ en la costa, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su responsabilidad en estos hechos en el proceso que adelanta el alto tribunal por 127 homicidios en el caribe colombiano entre 2002 y 2005. 

El exoficial señaló ante la JEP que “reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios”.

Con Gutiérrez Rivero, otros 10 exmilitares del Batallón La Popa, reconocieron ante la JEP su responsabilidad en estos hechos. Se trata del mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el  teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez, los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

Los procesados reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos.

Para la magistratura, el reconocimiento por parte de los máximos responsables de estos crímenes “es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ´el sistema de incentivos condicionados´ en el que se funda este sistema de justicia transicional".

Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002, 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que, de encontrar mérito para ello, siga el proceso. De ser vencidos en juicios Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.   

La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate".

Los exmilitares del Batallón de Artillería No 2 La Popa de Valledupar fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

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