Dos exsecretarios de la Gobernación del Cesar fueron capturados la mañana de este miércoles, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en este departamento en 2015, cuando se desempeñaban en los cargos.
Se trata del exjefe de la dependencia de Educación, Jorge Araujo Gutiérrez; y de General, Jaime Luis Fuentes, quienes tras conocer una orden de captura en su contra por este caso se presentaron voluntariamente en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, donde se hizo efectiva la medida.
Los dos exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado y prevaricato.
La investigación penal surgió tras los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría General de la República, profiriendo fallo con responsabilidad fiscal por $1.723 millones de pesos contra Araujo y Fuentes, al igual que contra los miembros del consorcio contratista Alimentando Un Cesar Más Educado integrado por la Fundación Kábala, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.
El contrato cuestionado
Se trata del contrato suscrito el 15 de enero de 2015, cuyo objeto era la 'prestación de servicios de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar (sic), acorde a los lineamientos técnico administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar.
El valor inicial se acordó en la suma de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El valor pactado por ración para complemento alimenticio en la jornada de la mañana se estableció en $1.760, y el del almuerzo en $2.330.
Sin embargo, según la Contraloría se generó un reconocimiento adicional a favor del contratista, quien recibió el 4,4% por concepto de IPC, y el 5% por concepto de imprevistos, con lo que se duplicó así la suma contemplada como utilidad del contrato.
Durante su ejecución, el contrato fue sujeto de adiciones y modificaciones en valor y tiempo, quedando al final por $35.161 millones, después de una adición en dinero por $11.623 millones y 40 días en el plazo.
Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el acta de liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del Programa se le habían pagado por parte de la Gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto.
Dentro del proceso, la Contraloría analizó las circunstancias especiales del PAE, evidenciando como para la misma vigencia investigada, el Ministerio de Educación Nacional había contratado las mismas raciones a un precio de $943 para la jornada de la mañana y $1.282 para almuerzos, precios y condiciones que habrían sido de conocimiento de los contratistas de la Gobernación condenados por este proceso.
Los costos manejados por el Ministerio de Educación Nacional en similares circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron muy inferiores a las finalmente contratadas por la Gobernación del Cesar para la vigencia 2015, a razón de $789 pesos de sobreprecio por ración de la jornada de la mañana, y de $1.010 de sobreprecio en almuerzos.
