La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para emitir su primer fallo desde su creación hace siete años. La última audiencia previa a la sentencia concluyó este jueves en Valledupar, donde doce exmiembros del Ejército reconocieron su responsabilidad en los crímenes cometidos mientras pertenecían al Batallón La Popa, una de las unidades más señaladas por casos de ‘falsos positivos’ en Colombia.
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Los comparecientes –entre ellos Carlos Andrés Lora Cabrales, Ever Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea y Eduart Gustavo Álvarez Mejía– admitieron su participación en la muerte de 135 personas inocentes, presentadas falsamente como guerrilleros abatidos en combate. La JEP los declaró como máximos responsables y prevé imponerles sanciones restaurativas que no incluyen cárcel, pero sí entre cinco y ocho años de trabajo en proyectos sociales, culturales y de memoria histórica.
La audiencia de verificación, etapa previa a la sentencia, tuvo lugar en la capital del Cesar, en el mismo territorio donde ocurrieron buena parte de los crímenes. Allí, los exoficiales reiteraron su compromiso con las medidas impuestas por el tribunal transicional y escucharon, cara a cara, a algunas de las víctimas directas del caso.
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“Difícil, pero liberador proceso, entendido y enfrentado por mí desde el 2012”, expresó el teniente coronel (r) Ever Hernán Gómez Naranjo. En su intervención, aseguró que seguirá compareciendo ante el sistema de justicia restaurativa: “Muchas de mis verdades aún no satisfacen plenamente sus interrogantes, por eso acudiré las veces que sea necesario a las actividades que la JEP disponga”.
Sin embargo, el proceso no ha sido fácil para las víctimas, que aún lidian con las heridas abiertas del conflicto. Laura Vanessa Piña, hija de una de las personas ejecutadas, tomó la palabra durante la diligencia y se dirigió con firmeza a los exmilitares. “Mírenme, señores comparecientes. Quiero saber si no se acuerdan de mí. Esta es la camisa de mi papá”, dijo mientras sostenía una prenda que perteneció a su padre.
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Otra de las intervenciones estuvo a cargo de Karen Castro Aguirre, quien busca desde hace más de 20 años a su hermano desaparecido. Según la investigación, él fue una de las víctimas presentadas como guerrillero. “Un año después de hacer la primera exhumación, no tenemos la identificación de la mayoría de los cuerpos de este subcaso. Pido celeridad porque no es justo ni para mí, ni para mis hermanos o mi madre, que falleció en el proceso”, manifestó.
Durante la diligencia, la magistrada Ana Manuela Ochoa interrumpió en tres ocasiones a los comparecientes para recordarles que el espacio estaba destinado al reconocimiento de responsabilidades y no debía ser utilizado para revictimizaciones ni justificaciones.
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La JEP evalúa actualmente nueve proyectos propuestos por las víctimas y los comparecientes para ser integrados en la sanción restaurativa. Entre ellos hay iniciativas como la construcción de parques de memoria, centros comunitarios y espacios culturales para dignificar a las víctimas.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, no aceptó los cargos y no participó de este procedimiento. De acuerdo con las normas de la jurisdicción transicional, podría enfrentar una pena de prisión ordinaria de hasta 20 años si se le encuentra culpable.
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El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, informó que el fallo será emitido en un plazo máximo de 30 días hábiles. Según explicó, esta sentencia es posible gracias al respaldo institucional: “Convocamos a 17 autoridades departamentales y nacionales para que se comprometan a brindar todo el apoyo logístico y económico que garantice la viabilidad de las sanciones”.
Con esta sentencia, la JEP avanzará hacia la resolución de fondo de los 11 macrocasos que tiene abiertos. El siguiente en la agenda será el relacionado con los secuestros atribuidos al último secretariado de las Farc-EP, cuya audiencia de verificación está prevista para el 31 de julio y el 1 de agosto.
