Cuando nos referimos a la paz como derecho fundamental consagrado en el artículo 22 de la Constitución de 1991 es necesario distinguir los alcances de una Constituyente y los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el artículo 103 de la misma Constitución. El poder constituyente ha sido definido como la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado y darse la organización jurídica y política que más le convenga. Por su parte, los mecanismos de participación regulan derechos ya conquistados y casi siempre vulnerados.
Si el pueblo decidió que la paz es un derecho y un deber fundamental, no es necesario que lo vuelva a hacer, porque la norma ya está consagrada en el ordenamiento jurídico superior. En cambio, es deber del presidente de la República, buscar y utilizar el mecanismo constitucional que permita al pueblo refrendar las acciones que se tomen para que la tan comentada y esquiva paz sea estable y duradera. Dicha refrendación, trátese de referendo, plebiscito, consulta popular o cualquier otra, está sometida a la obligatoriedad de la decisión que tome el constituyente primario, tal como lo establece la Ley Estatutaria 134 de 1994.
No es procedente una Asamblea Constituyente para consolidar los Acuerdos de La Habana, porque se está confundiendo el género con la especie y tal vez el fin sería modificar otros artículos, ya que una Constituyente tiene la competencia para derogar, reformar o crear los artículos que estime necesario por simple conexidad, en este caso con la paz, eje fundamental de cualquier desarrollo cultural o socioeconómico.
Así mismo, la prohibición de participación en política de los servidores públicos establecida en el artículo 127 de la Constitución y reglamentada en la Ley 996 de 2005 solo lleva en su espíritu la concepción partidista del interés particular de los grupos en contienda electoral y ningún leve asomo de ser coercitiva con un bien general como es la paz nacional, la misma que atacan servidores públicos que, por actitud negativa, también participan en política partidista y votarán por el ‘No’ el próximo plebiscito, lo cual es democrático pero lamentable, ya que están basados en el lema de ‘Paz sin impunidad’. De cuál impunidad hablan, si en Colombia la impunidad es del 95%, desde hace setenta años y no hemos sido capaces de reducir ese indicador, precisamente por la violencia y el odio desatados por sentimientos banderizos nacidos de contiendas por el poder político.
Samuel Muñoz Muñoz
samuz@hotmail.es
Pensiones disminuidas
Definitivamente los pensionados de Colombia no entienden las razones por las que el Congreso esté en mora de aprobar la iniciativa que disminuye al 4% el aporte de salud y, en consecuencia, a más de 2 millones de jubilados aún se les está descontando de sus mesadas pensionales el 12%. El Gobierno nacional y el Congreso deben entender que los pensionados se encuentran, por injustas, inequitativas y discriminatorias disposiciones oficiales, en grave situación de disminución del poder adquisitivo.
Quien se pensiona en la presente época recibe una mesada equivalente al 67% de lo que eran sus ingresos reales como trabajador. Con mucho gusto explico o hago cuentas. Primero que todo, al momento de pensionarse se disminuyen en un 25% los ingresos salariales que tenía el afiliado; además, sobre el valor de la mesada, al pensionado se le descuenta el 12% para aporte de salud, es decir, un 8% más que cuando era empleado, porque como tal para aporte de salud solamente se le descontaba de su salario el 4%, ya que el empleador aportaba el otro 8%. En el marco de otra medida verdaderamente injusta y discriminatoria a los pensionados colombianos se les incrementa anualmente, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es siempre un porcentaje fuera de la realidad económica del país; así cada año se está mermando el valor adquisitivo de la mesada pensional con relación al salario mínimo legal y el ingreso base de la liquidación siempre será inferior al último salario del afiliado.
Ante esta situación de inequidad e injusticia, demostrada con cifras, el Gobierno nacional y el Congreso lo que sí deben hacer es no disminuir aún más el poder adquisitivo de los que hoy tienen, después de muchos años de trabajo, una mesada en calidad de pensionados y que por fin el presidente, Juan Manuel Santos Calderón, con la importante ayuda del Congreso, cumpla la promesa de disminuir al 4% el aporte de salud.
Jorge Giraldo Acevedo
C.C. 12.528.591 de Santa Marta
jgiraldoacevedo@yahoo.es
