El Heraldo
Un operario de la empresa Triple A durante labores de lavado en el acueducto distrital. Archivo
Barranquilla

Valoración de acciones de Triple A, el punto álgido entre SAE y Distrito

La banca multinacional Deloitte determinó en su momento que el paquete accionario costaba $565.000 millones. La Superservicios, por su parte, la proyectó en $2.4 billones. 

La valoración de las acciones de Triple A, que antes eran de Inassa y pasaron a ser manejadas por la Sociedad de Activos Especiales tras una extinción de dominio, se ha convertido en el punto de controversia y disputa que ahora tiene enfrentados al Distrito y a la SAE, así como también con intervenciones de los entes de control como la Procuraduría, Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Todo se desprende de los cálculos que se hicieron para suscribir un contrato de compraventa, a través de la enajenación temprana, del 82.16  % del paquete accionario de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de la ciudad. Para este proceso, tanto la SAE como el Distrito contrataron unas firmas para que hicieran la valoración y así poder tranzar un acuerdo que permitiera el traspaso de estas acciones a Barranquilla.

Entre las dos bancas contratadas por la entidad del orden nacional, en su momento, se encuentra la firma multinacional Deloitte quien determinó que el valor de estas acciones era de $ 565.000 millones, teniendo en cuenta que se trata de una concesión a 10 años que aún está vigente en Triple A y que esta debe pagar el 30 % de su flujo de caja libre anual como regalías al Distrito.

El proceso contractual se llevó a cabo a través de la empresa de economía mixta K-yena, en la que el Distrito tiene participación mayoritaria. A la fecha, se han girado a la SAE por concepto de este acuerdo $300 mil millones, según la administración distrital, y que hasta el momento no se ha hecho la transferencia de las acciones que tenía como plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Con la entrada del nuevo Gobierno, la Sociedad de Activos Especiales solicita a la Superservicios la revisión de este contrato y una nueva valoración para determinar si se incurrió en una presunta irregularidad en la venta de estas acciones. Es por ello que, luego de unas proyecciones, estipuló como valor $2.4 billones a perpetuidad y $1.4 billones a una fecha finita.

“Con base en la información del Sistema Único de Información, que reporta la propia empresa, tanto el balance general como el estado de pérdidas y resultados, y haciendo unos supuestos macroeconómicos conservadores, usando el informe de inflación del Banco de la República de octubre, da $2,4 billones teniendo en cuenta parámetros normales pensando que la empresa va a crecer un 3 % anual”, dijo la Superservicios en su informe.

Añadió que en Deloitte “la valoración (de más de $500 mil millones) la hicieron al año 2033, no a perpetuidad, suponiendo que un 30 % del flujo de caja era para el Distrito y quitando 16 % de la participación de la concesión de Soledad, y para nosotros quitando eso la empresa valdría igual $1,4 billones”.

Por todo lo anterior, el 02 de enero de este 2023 el presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, toma la decisión y anuncia a la opinión pública que se abstiene de ceder las acciones de la Triple A al Distrito, que previamente se había tranzado en un contrato.

Dentro de las declaraciones, el alto funcionario mencionó ciertas preocupaciones concernientes a la valoración inicial tras la posterior revisión de la Superservicios.

“La Superintendencia nos ha sugerido una suspensión temporal del contrato hasta que la Contraloría no tenga una decisión en firme, y como la SAE no puede suspender unilateralmente el contrato, nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”, dijo en su momento.

Y agregó que: “es nuestro deber evitar que se perfeccione un presunto detrimento al Frisco, que es el fondo que administra la SAE”.

A partir de allí se generan otro tipo de decisiones por parte de la SAE, cuando el 07 de febrero cambia los miembros de la Junta Directiva de Triple A de manera unilateral, lo que prendió las alarmas del Distrito y otros sectores que calificaron la acción como “arbitraria”.

Posteriormente, el 10 de febrero, la Procuraduría sanciona por tres meses al presidente de la SAE como medida preventiva por el caso Triple A.

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