“Usted no va a tener cómo demostrar que pagó”, eso fue lo que le dijeron a Ana Teodora Núñez, una ama de casa habitante de Puerto Colombia, que denunció un proceso “irregular” que al parecer pretende despojarla de su vivienda.

De acuerdo con Ana, todo empezó en abril de 2015 cuando decidió pedirle prestado dinero a la familia de Franklin Pallares, un funcionario de la Alcaldía de Puerto Colombia que, según el secretario de Gobierno, Saúl Leyva, hace las veces  de inspector encargado cuando alguno de los inspectores toma vacaciones.

La familia Pallares le prestó un poco más de $20 millones a Núñez y a su esposo. Como prenda de garantía, Ana firmó “una hoja en blanco”.

“Cuando les fui a devolver el dinero me dijeron que les debía más, me recibieron el dinero y no me dieron un paz y salvo; por el contrario, el hermano del inspector me dijo que yo no tenía cómo demostrar que les pagué”, reiteró Núñez.

El conflicto, de acuerdo con la mujer, se agravó cuando empezaron a llegar a su casa oficios de la Inspección de Policía de Puerto, donde trabaja Franklin Pallares, exigiéndole que restituya su vivienda a Roger Pallares, hermano del inspector.

“Ellos falsificaron mi firma y alteraron documentos diciendo que me la arrendaron. Hay una escritura en la que supuestamente Roberto Pallares (padre de Franklin) adquirió la casa a título de venta con pacto de retroventa”.

En su relato, puso en evidencia un fólder con cientos de documentos entre los que se encuentra un oficio del Laboratorio de Documentología del Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística que cotejó la firma de Ana Teodora.

El informe dio como resultado discrepancias entre la firma original de la mujer y la firma que aparecía en un documento escritural del inmueble.

“Al comparar la firma (…) se evidencian claramente los espacios interliterales “entre letra y letra” mayor proporción en el tamaño de sus caracteres (…) permitiendo precisar que las firmas de duda no fueron confeccionadas por el mismo amanuense (persona que firma) que elaboró las muestras escriturales”, describe el informe policial.

Ante la Fiscalía 36 seccional Atlántico cursa una denuncia de Ana Núñez en contra de Roger Pallares, por la presunta comisión de un delito de fraude procesal, estafa agravada y otros. La actuación se encuentra en etapa de indagación.

Mientras que en la Procuraduría Provincial hace su curso una denuncia disciplinaria por una queja que instauró Ana Teodora con otra posible afectada por un caso similar, contra Steimer Mantilla, exalcalde de Puerto; Mirna Camargo, inspectora de Policía; Franklin Pallares y Jacinto Renato, secretario suplente de la inspección. 

“Cuando van a hacer despojos de familias colocan a Mirna, cuando van a hacer amparos policivos ponen a Franklin. Ella está recusada y ha hecho caso omiso a la diligencia, insiste en solicitar que entregue el inmueble”.

El modus operandi

De acuerdo con los informes y la declaración de Ana Núñez, “la red de Puerto opera bajo la modalidad de  créditos o préstamos”.

“Hacen un contrato de arrendamiento y pagarés  falseando su contenido y en la Notaría Novena de Barranquilla hacen escrituras a espaldas de los propietarios”.

La revelación de la mujer se da luego de que EL HERALDO publicara una denuncia de unos ciudadanos por la ocupación de terrenos en los que exigen altas sumas de dinero y que también involucra a la Inspección de Puerto.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Puerto, dijo que ha pedido un informe a la Inspección para verificar qué está sucediendo en este caso. “Buscaremos establecer si los procesos se están ajustando a la norma”.

También confirmó que en los últimos días Franklin Pallares ocupó el cargo de inspector encargado de tránsito. Pero que su cargo oficial es el de jefe de archivo de la Alcaldía.

Este medio contactó a Franklin para conocer su opinión sobre los hechos. El funcionario señaló que “desafortunadamente” sí conoce a la señora Ana Núñez.

“Ella tiene esos procesos en la Fiscalía, pero a ninguno de mi familia los han cogido presos. Es un negocio. La gente cuando va a prestar dinero pone una cara y cuando va a pagar utiliza cualquier estrategia para desacreditar a los inversionistas y no pagar”.

Pallares asegura que no ha despojado a nadie de sus bienes y confirmó que su familia sí le prestó dinero a Ana.

 “Le conseguí $500 millones con mi hermano y yo fui un simple comisionista, por eso me gané $2 millones. ¿Eso es delito?. Ella me robó $30 millones, tengo letras firmadas, al principio ella me abonaba intereses y me abonaba al capital. A mi casa llega gente a que le preste plata por hipoteca, pero ya no lo hago, porque después dicen que soy estafador”.

Para el jefe de archivo de la Alcaldía, la actividad que realiza de préstamos por medio de intermediarios no interfiere en sus actividades públicas, pues su función es ayudar a “conseguir el dinero y cobrar una comisión”. “¿En qué puede afectar mi trabajo?. Yo soy transparente. Muchos funcionarios venden, empeñan y eso no afecta nada”.

EL HERALDO también habló con la inspectora Mirna Camargo, quien atendió la llamada, pero dijo que no podía responder porque estaba en una reunión y no le interesaba hablar con este medio de comunicación.

Primera denuncia

Un grupo de empresarios que decidieron apostar a la construcción de un conjunto residencial en un lote del municipio de Puerto Colombia entregó detalles de la “empresa criminal” que opera en el municipio porteño con el objetivo de ocupar terrenos y exigir altas sumas de dinero.

Durante una visita a la redacción de EL HERALDO la semana anterior, uno de los afectados aseguró que presentaron una denuncia penal –ante la Fiscalía General de la Nación– en contra de la inspectora Mirna Camargo por el delito de prevaricato por acción.

A través de esa acción legal, que fue presentada el pasado 22 de noviembre ante la Fiscalía 29 Seccional de la Unidad de Administración Pública, buscan “desmantelar” la red detrás de la ocupación de terrenos para obtener “jugosos dividendos”.

“Hemos recibido información de que hay varias personas dedicadas a esta acción ilegal, es todo un entramado conformado por civiles, abogados y servidores públicos”, dijo uno de los denunciantes.

Otro caso por irregularidades en un proceso de predios

En junio de 2015 la Secretaría Jurídica de Puerto anunció un proceso disciplinario en contra de dos funcionarios. Uno de ellos fue Franklin Pallares Varela, quien figuraba en ese momento como inspector encargado.

En ese momento se conoció que en dos querellas solicitaban el lanzamiento de los ocupantes de un predio y el reconocimiento de los derechos sucesoriales del mismo lugar en el corredor universitario de Puerto Colombia. La investigación estaba motivada por fallos que ponían en duda la actuación del funcionario.

El asesor jurídico de la Alcaldía de Puerto Colombia anunció en esa fecha que “la actuación del funcionario estuvo equivocada y no tenía bases jurídicas”.

En la administración del exalcalde Carlos Altahona, a través de la resolución N° 2015-05-26-001, Pallares fue suspendido de su cargo.