Millonaria reclamación de Sacyr por obras del puente Pumarejo
Invías confirmó a EL HERALDO que el consorcio presentó una demanda, por $133.104 millones, por costos que no le fueron reconocidos.
Con el fin de reclamar el pago de presuntos costos adicionales generados en el desarrollo de las obras del nuevo puente Pumarejo, la constructora Sacyr presentó una nueva demanda contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) por el orden de los $133.104 millones.
EL HERALDO conoció que la demanda fue presentada en abril del presente año por el Consorcio SES Puente Magdalena (propiedad de la firma española) ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Cabe destacar que esta nueva demanda supera –con creces– las pretensiones de la demanda retirada en 2020 por Sacyr. En ese momento, la compañía reclamaba una cuantía por $15.000 millones.
Juan Esteban Romero, director operativo del Invías, explicó a este medio que se ha instalado un tribunal de arbitramento para dirimir el caso, al cual ya fue presentada la contestación por parte de la entidad.
Sin embargo, puso de presente que Sacyr radicó –recientemente– una reforma que aún no ha sido admitida por el tribunal, razón por la cual se encuentra en la etapa de subsanación.
“Pretenden reclamar presuntos costos que consideran no les fueron reconocidos por parte del Invías en la ejecución del contrato del puente Pumarejo, así como presuntas afectaciones”, explicó.
Agregó que las pretensiones de la demanda vigente en el tribunal de arbitramento hace referencia a un presunto incumplimiento del contrato por parte de Invías, así como a un desequilibrio económico del contrato.
Explicó, además, que la compañía española ha solicitado el pago de perjuicios derivados de dichas declaraciones, así como la liquidación del contrato.
“Tanto en la ejecución del contrato como en las contestaciones al tribunal, hemos considerado que no proceden mayores reconocimientos económicos al contratista”, expuso.
El funcionario puso de presente que dichas conclusiones han sido adoptadas de acuerdo con las condiciones del contrato, conceptos de la interventoría, supervisión y los análisis jurídicos de los apoderados: “El Invías, respetando las reglas del arbitramento, continuará con su proceso de defensa a los intereses del Estado”.
El director operativo del Invías fue enfático al sostener que se prevé el fallo del tribunal durante los 6 meses siguientes a la finalización de la primera audiencia de trámite, etapa del proceso a la cual aún no se ha llegado.
“No obstante, es de anotar que, en virtud del citado estatuto, este término puede prorrogarse hasta 6 meses más sin incluir eventuales suspensiones también fijadas en el mismo”, dijo.
Cabe destacar que Mauricio González, Anne Mürrle y Ricardo Hoyos son los integrantes del tribunal de arbitramento, el cual se conformó de acuerdo con lo establecido por la ley.
El Invías también anunció que, al momento de la terminación del plazo del contrato, la interventoría no recibió a satisfacción alguna de las actividades a cargo del contratista.
Por esa razón, se avanza en las acciones pertinentes frente a “estos posibles hechos susceptibles de presuntos incumplimientos”, lo que podría acarrear la imposición de sanciones.
Una inversión de $800 mil millones fue hecha por el Gobierno nacional para poner en funcionamiento esta megaobra.
Mayo de 2018 era la fecha inicial para la entrega de la obra del puente Pumarejo, pero que sufrió una prórroga hasta diciembre de ese año –que tampoco fue cumplida– y que, finalmente, fue inaugurado 12 meses después, en 2019.
Ante ese panorama, el Gobierno anunció en noviembre de 2018 recursos por $122.000 millones para posibilitar la terminación de la obra.
Durante la construcción del puente, que se desarrolló durante cuatro años, se generaron cerca de 2.000 empleos directos e indirectos.
Durante los meses del proyecto fueron descargados alrededor de 175.000 metros cúbicos de concreto, cifra que equivale a llenar 52 piscinas olímpicas.
En enero de 2020, poco tiempo después de la puesta en funcionamiento del puente Pumarejo, se conoció que Sacyr y el Instituto Nacional de Vías (Invías) instalaron un tribunal de arbitramento para dirimir sobre presuntos costos adicionales.
En ese momento se conoció que el conflicto se generó debido a que en 2015, cuando se asignó el contrato, la constructora española rediseñó los planos de la estructura, lo que incrementó el valor total de $615.000 millones a $800.000 millones.
En octubre del año anterior, la firma le dijo a EL HERALDO que tomó la decisión de retirar la demanda ante la falta de garantías frente a la asignación de los árbitros que integrarían el tribunal de arbitramento encargado de analizar la controversia entre las partes.
En ese momento, la firma española dejó claro que retiraba la demanda, pero que no desistía de su intención de continuar con la reclamación de los costos adicionales del contrato.
También anunció que volverá a presentar la demanda para que se integre un nuevo panel de árbitros en un “ambiente de serenidad, confianza y garantías para ambas partes”.
El primero en advertir sobre la intención de la empresa española Sacyr fue el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, después de la inauguración del Pumarejo el pasado 20 de diciembre.
En ese momento, Vargas Lleras dijo que la constructora reclamaba “mayor valor” al Invías.
