El Heraldo
Por deudas contraídas con algunas concesiones, se detecto un saldo rojo en las finanzas de Cormagdalena. Jeisson Gutiérrez
Barranquilla

Concesiones portuarias le deben a Cormagdalena $38 mil millones

Cormagadalena avanza en gestiones para la recuperación de los recursos. Asoportuaria asegura que sus sociedades afiliadas se encuentran al día.

Trabajos de mantenimiento del canal de acceso a la zona portuaria y adelantar labores de dragado son algunas de las obras que se financian a través de los recursos recaudados por contraprestaciones portuarias. 

Aunque los recursos girados a través de estas obligaciones durante la vigencia 2021 “permitió avanzar en proyectos estrátegicos” en el río Magdalena, EL HERALDO pudo establecer que en las arcas de Cormagdalena hay varios renglones rojos debido a deudas de varias concesiones portuarias.

 

Por lo menos $38.820 millones son adeudados por un grupo de concesiones portuarias al Estado, que ha iniciado una “cruzada” con el fin de recuperar estos recursos.

El caso más “crítico” está relacionado con la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores, una concesión que fue adjudicada en abril de 2008 y cuyo plazo es de 20 años. Es decir, el contrato finaliza en abril de 2028. 

Según los registros contables, esta sociedad portuaria tiene una deuda –a corte del 31 de diciembre del año anterior– por $29.358 millones por concepto de contraprestaciones correspondientes a las primeras ocho anualidades. 

Adicional, en contra de dicha concesión se encuentra en trámite un proceso administrativo sancionatorio por el no pago de las contraprestaciones correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Además, se contempla iniciar otro proceso sancionatorio por el incumplimiento de la actualización de las garantías contractuales. 

La génesis de este proceso corresponde al año 2014, cuando la mencionada sociedad portuaria solicitó la suspensión del contrato y, por ende, la suspensión del pago de los conceptos correspondientes a contraprestación por el término de dos años.  

En su momento adujeron que se configuró un silencio administrativo positivo, puesto que no hubo respuesta por parte de Cormagdalena dentro del plazo indicado por la ley. Al respecto, la entidad indicó que no se configuró la mencionada figura debido a que no cuenta con derechos adquiridos preexistentes.  

En medio de dicho proceso, la sociedad portuaria presentó una audiencia de conciliación prejudicial que es el requisito previo para la presentación de una demanda.  En dicha audiencia no hubo acuerdo alguno entre las partes y por esa razón, “se presume que podría iniciar actuaciones legales; sin embargo, a la fecha no se tiene notificación de demanda”. 

El caso de Mallorquín

La segunda cartera más alta corresponde  a la Sociedad Portuaria Terminal de Mallorquín, que corresponde a un poco más de $4.100 millones a corte del 31 de mayo del presente año. Esta deuda corresponde a las contraprestaciones portuarias que han corrido desde 2015 a 2020.

Por esa razón, Cormagdalena ha iniciado un proceso sancionatorio con fines de multa por el no pago de dichos derechos y la no actualización de las pólizas. Asimismo, se han adelantado gestiones para lograr la terminación anticipada de la concesión debido a la “imposibilidad” en su ejecución aunque hasta el momento no se ha logrado avanzar en este propósito.

Según el informe conocido por EL HERALDO, esta concesión fue adjudicada en noviembre de 2007 por un periodo de 30 años. En su momento, se comprometió a adelantar inversiones por el orden de US $9.751, pero hasta el momento no se ha reportado avance alguno. 

Es de anotar que en 2016 se solicitó una suspensión contractual, la cual fue negada “al no encontrarse los hechos aducidos por el concesionario; no se encuentran enmarcados dentro de las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito”.

La solicitud fue presentada nuevamente en 2017 y se reiteró la negativa. Dicha decisión fue apelada y se decidió no modificar el acto administrativo inicial. Luego, Cormagdalena tomó la decisión de dar apertura formal a un proceso para la imposición de multa por los incumplimientos al contrato. 

En diciembre de 2020 se realizó la instalación de la audiencia para tratar esta situación y actualmente se avanza en la fase probatoria. Luego de esto, en julio de 2021, la mencionada sociedad portuaria radicó una propuesta para terminar –de mutuo acuerdo– el contrato de concesión.

 

Michelmar y un acuerdo incumplido

La Sociedad Portuaria Michelmar es otra de las que no se encuentra al día en el pago de las contraprestaciones portuarias. Es de anotar que el concesionario cuenta con un acuerdo de pago y actualmente deuda asciende a $3.982 millones, a corte del 31 de mayo de 2022.

Las deudas de este concesionario motivaron que en 2017 se declarara el incumplimiento parcial de sus obligaciones se diera inicio a un proceso sancionatorio con fines de caducidad. Dos años después se cumplió la instalación de la audiencia de presunto incumplimiento, en la cual se solicitó un acuerdo de pago. El mencionado acuerdo fue suscrito en 2020 por el orden de $6.141 millones, por concepto 7 anualidades.

Adicional a esto, en 2021 se inició un proceso administrativo sancionatorio por la no entrega de información con respecto a las inversiones que se han ejecutado. 

 

Otras deudas

Al momento de realizarse este informe, la Sociedad Portuaria Novo Porto tiene una mora de $770 millones, con corte a mayo de 2022, correspondiente a la anualidad.

Por su parte, la Sociedad Portuaria Aquamar 46 tiene una deuda por el orden de los $609 millones.

En su informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021, Cormagdalena también reportó una deuda por $ 3.000.488.871 de Bocas de Ceniza, correspondiente a la cartera vencida desde 2018. Parques Urbanos, por su parte, adeudaba $1.623.721.461 desde el año 2016.  Estas dos concesiones fueron caducadas y se encuentran en proceso de reversión.

 

“Están al día”: Asoportuaria

Lucas Ariza, director de Asoportuaria, explicó que   las contraprestaciones portuarias corresponden a una obligación que se tasa de acuerdo con las inversiones a realizar, los costos de operación y la carga proyectada. “Las concesiones portuarias que están operando tienen sus contraprestaciones al día; si tienen algún tema contractual que resolver, no tiene relación con las contraprestaciones”, expuso el líder gremial.

Expuso que en varias oportunidades se ha explorado la posibilidad de adelantar las contraprestaciones, con el fin de garantizar la continunidad en el dragado.

“Recientemente se hizo una solicitud para tal fin y no fue aprobada”. Indicó que en el caso del río Magdalena, las concesiones son entregadas por Cormagdalena, que recibe un 60 %. Por su parte, el Distrito de Barranquilla recibe el 40 % restante. “Las sociedades portuarias pertenecientes a Asoportuaria entregan alrededor de $14 mil millones a Cormagdalena, y cerca de $11 mil millones al Distrito”, explicó.

“Hubo rigor en el manejo de recursos”: Jurado

Pedro Pablo Jurado, quien se desempeñó como director de Cormagdalena hasta el pasado 6 de agosto, sostuvo que durante su gestión se “procuró” por tener “mucha transparencia y rigor” en el manejo de los recursos procedentes por contraprestaciones portuarias.

“El pago de la contraprestación es un elemento central de la seguridad jurídica en el contrato. Representa el derecho patrimonial al que el Estado tiene derecho”, expuso.

Indicó que la entidad cuenta con “controversias” en tribunales contra algunas sociedades: “Hicimos una reivisión profunda de la actualidad de esos pagos; avanzamos en un sistema que permita tener completa trazabilidad en la regularidad de los mismos”. Jurado fue enfático al sostener que los recursos permiten garantizar el mantenimiento de la corporación, así como “se reinvierten en las necesidades, especialmente de funcionamiento y navegación”.

El exdirector de Cormagdalena agregó que, a lo largo de su gestión, se fortaleció e incrementó el recaudo. “Se han regularizado un mayor número de concesiones portuarias y se han finalizado 7. Algunas por intermedio de la caducidad contractual”, expuso.

Recordó que uno de los casos más importantes de caducidad corresponde a la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza, la cual  “durante más de 25 años no pagó contraprestaciones”, así como indicó que la entidad debe avanzar en la normalización de otras concesiones con relación a la “exigibilidad” de las inversiones en infraestructura.

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