La Contraloría tiene bajo la lupa a varios operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, debido a que se han quedado con tres o más contratos de alimentación para niños en la Región Caribe. Además, figuran los mismos representantes legales en varias fundaciones, consorcios y uniones temporales y han sido objeto de sanción en el pasado
Estos operadores, según la Contraloría, actualmente figuran en pesquisas porque cambian de razón social para monopolizar la contratación.
Bajo la lupa. La Contraloría en su informe sobre el PAE de las vigencias 2014 y 2015 señala a estas uniones temporales y fundaciones de manipulación indebida de los alimentos, o de presencia de salmonela, así como de tener representantes fantasma y de demoras en los pagos, entre otros aspectos.
Anunció que esta semana se trasladará a la región Caribe un grupo integrado por funcionarios del Ministerio de Educación, la Contraloría y la Procuraduría para que los alcaldes y gobernadores tomen medidas frente a las deficiencias encontradas.
Entre los operadores bajo la lupa del ente de control figuran la UT Nutrisantander, representada por Nini Johana Baraja Ropero, que es el operador sobre el que más quejas se recibieron en 2015; Abasticoop, representada por Marta Cecilia Ortegón Cardoso, que sería intervenida por la Secretaría de Transparencia por presuntas irregularidades en contratos con las entidades territoriales del Valle del Cauca y Nariño; y la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araújo.
También figuran la UT Alimentar, representada por Alejandro Hernández, con contratos en Bolívar, Barranquilla y Soledad, por aparentes hallazgos de salmonela; el Consorcio Cauca 2015, representado por Lucero Alexis Sarria Villa, que atravesaría actualmente un proceso para declarar incumplimientos al contrato; y la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, representada por José Antonio Manrique Torres, con un contrato en Cúcuta por 19.400 millones de pesos firmado el pasado 29 de febrero, al parecer adjudicado de forma directa.
Finalmente aparecen la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano ONG, Gers, representada por Marlene Esther Vásquez Guerrero, denunciada por EL HERALDO por supuestas irregularidades en La Jagua de Ibirico, Cesar, entre otras; y la Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos, representada por Beatriz Helena Rodríguez Rengifo, señalada de darles plata a los profesores para que estos compraran el mercado.
Contratación con un solo proponente
A partir de la contratación suscrita por las entidades territoriales objeto de la actuación, que suma en total 212 contratos, se estableció que el mayor porcentaje corresponde a contratación directa (167), licitación pública (35), mínima cuantía (1), selección abreviada (8) y selección por subasta inversa (1).
La contratación directa, por su parte, se distribuyó así: contrato de prestación de servicios (13), contrato asociativo de interés público (7) y convenio de asociación, cooperación, cofinanciación y aporte (147).
Y en los casos en que las entidades territoriales optaron por adelantar licitación pública para seleccionar el operador del PAE, se evidenció que en el 87,9 por ciento solo se presentó un único oferente: en una licitación hubo dos oferentes, en tres licitaciones tres oferentes, en dos licitaciones no hubo información sobre número de oferentes y en 29 licitaciones un único oferente. Ver infografía: Los operadores de alimentos con tres o más contratos.
El caso Gers
EL HERALDO publicó a mediados de marzo que la Contraloría General de la República, en cabeza del valduparense Edgardo Maya Villazón, venía siguiendo los pasos de una decena de fundaciones que se están llevando la gran tajada de la contratación de temas de infancia y nutrición en la región Caribe.
Una de ellas es la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano ONG, Gers, con sede en Valledupar y cuya representante legal es Marlene Esther Vásquez Guerrero, a quien precisamente el ente de control, en auto conocido por EL HERALDO, le abrió juicio de responsabilidad fiscal, en medio de un proceso por el que también responden el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, y dos fundaciones más.
Y le llama también la atención al organismo de investigación fiscal el caso de la Corporación Gers, ya que ha firmado por lo menos 23 contratos en tres departamentos por un valor superior a los 95 mil millones de pesos.
Gers firmó por lo menos estos 23 contratos de alimentación escolar y suministros de kits alimentarios entre 2013 y 2015, ya sea de manera directa o a través de consorcios y uniones temporales en los municipios de Arauca; Maicao, La Guajira; Becerril, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, El Paso y Valledupar, Cesar, así como en el departamento del Magdalena.
Se trata de una ONG, que aparece registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar desde el 3 de agosto de 2002, como una entidad sin ánimo lucro y una vigencia hasta el 9 de octubre de 2044, bajo el Número de Identificación Tributaria, NIT, 824005257-8, con domicilio en la calle 23 No. 14-60 en el barrio 12 de Octubre de Valledupar, con la representación legal de Marlene Vásquez y siendo miembros principales de la junta directiva Alenys Patricia Castilla, Nora Alexandra Bejarano y Yeini Liliana Tamayo, con la suplencia de Yusselffy Ariza Calderón y José Miranda Rodríguez, y con la revisoría fiscal de Solyira Rueda Ribón.
Entre las licitaciones con único proponente aparecen ocho contratos en el Cesar entre 2013 y 2015 por valor de 24 mil millones de pesos en los municipios antes mencionados; bajo la modalidad de los mismos de siempre con tres contratos en el mismo periodo en Arauca y Fortul por 3.800 millones; y en 2012 con La Jagua de Ibirico, por 2.200 millones de pesos; mientras que a través de consorcios y uniones temporales figura con contratos en las localidades de Becerril en 2015, mediante el consorcio Obed, integrado por Gers y la Fundación Sysdac, por un valor de 2.125 millones de pesos.
También en Becerril, en 2014, figura con la unión temporal Alimentando El Futuro, integrada por la Fundación Entregando Semillas, Industrias Alimentando, Catering y Gers, por un valor de 1.900 millones de pesos; en La Jagua de Ibirico, en 2015, a través de una unión temporal conformada por la Fundación Sysdac y Gers; y en el municipio de Chiriguaná, en 2014, por medio del consorcio Porvenir, con un contrato de 3.324 millones de pesos.
De hecho en las cartas que envió desde el 2 de marzo pasado el contralor Edgardo Maya Villazón al fiscal Eduardo Montealegre y al procurador Alejandro Ordóñez, trasladando el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal por el caso de La Jagua, les advierte que como 'aspecto relevante para las investigaciones que se adelantan' en el ente de control fiscal reposa documentación 'en la que se evidencia que Gers celebró con el municipio de Becerril, Cesar, los contratos 081 de 2013 y 062 de 2015, por cuantías de 9.721 y 5.362 millones de pesos, respectivamente, para la ejecución del programa de atención nutricional'.
Finalmente, el Ministerio celebró el contrato 0201 de 2015 con Gers para implementar el PAE en Magdalena por un valor de $13.882 millones.
Representantes
La Contraloría también encontró que hay representantes legales de más de un operador en la Región Caribe y cita el caso de Alejandro Hernández Vidal, representante de la Fundación Enlace, la Unión Temporal Alimentar y la Unión Temporal Alimentar 2013; Berna Guillén Carranza, con Consorcio Alimentando con Amor, Consorcio Alimentando con Amor 2 y Consorcio Obed; y Eduardo Eljach Hernández, del Consorcio Nutriendo a Montería y Fundación Social para la Comunidad.
También están Francisco Duarte León, de la Unión Temporal Construir Bienestar y Unión Temporal Construir Bienestar 2015; Ivis Rosado Robles, de la Asociación de Manipuladores de Alimentos Del Cesar, Asoalimentarce, del Consorcio Alimentando un Cesar más Educado y del Consorcio Educación a Salvo; Lizbeth de Jesús Altamar Escorcia, con la Fundación Salud y Bienestar y Unión Temporal Alimentar.
Figuran además Luz Alba Morelos Sierra, del Consorcio Córdoba tu Futuro y Fundación Desarrollo Caribe; María Angélica Araújo Noguera, del Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015 y la Fundación Kabala; Marlene Esther Vásquez Guerrero, del Consorcio Provenir, Consorcio Provenir 2015 y la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, Gers; Paola Inés Mestra Diaz, de la Unión Temporal Alimentando Niños con Amor y Unión Temporal Rayito de Luz; y William Enrique Diz Berrio, de la Fundación Unidos por Colombia y Unión Temporal Córdoba Prospera.
