El Heraldo
Aspecto del panel Política Criminal en el marco del Congreso Mundial de Juristas. Orlando Amador
Barranquilla

SAE cuestiona las demoras de sentencias en procesos de extinción de dominio

El presidente de la entidad sostuvo que bienes con más de 5 años en administración de la SAE serán vendidos.

Duros cuestionamientos a las decisiones y procesos de extinción de dominio se expusieron en el panel de política criminal en el marco del Congreso Mundial de Juristas realizado en el centro de eventos Puerta de Oro, en Barranquilla.

En este espacio, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales —SAE—, Andrés Ávila,  criticó las demoras en las sentencias de estos procesos y conminó al Estado a generar rápidamente la productividad de los bienes secuestrados antes de que estos sufran un deterioro y posteriormente se convierta en detrimento al patrimonio.

“Es lamentable, se están demorando en promedio 10 años en dictar sentencia en los procesos de extinción de dominio. Tenemos casos de más de 25 años de procesos aún que no tienen una sentencia definitiva en donde podamos decirle al país que estos bienes tuvieron un origen ilícito y deban pasar al Estado”, dijo.

El funcionario precisó que la gran mayoría de estos activos, el 87% del portafolio de la SAE, aún se encuentran en proceso.

“Eso nos ha generado unas tensiones importantes, porque lamentablemente cuando tienes tantos años con activos en administración lo que más se genera es detrimento, riesgo de daño patrimonial y riesgo de deterioro”.

Ávila indicó que hoy día la SAE es el administrador de bienes ilícitos más grande del mundo. Actualmente —sostuvo— la entidad tiene bajo administración 23 mil inmuebles en todo el territorio nacional y más de 1.700 sociedades, de las cuales 400 se encuentran activas en 17 sectores de la economía.

De igual manera, precisó que la entidad tiene más de 8.5 billones de pesos en administración solo en valores catastrales y patrimoniales, así como también ha ejercido tenencia de más de 1.000 semovientes. Dijo además que la SAE ha generado a través de la enajenación temprana más de 130 millones de dólares durante los últimos años.

“Lo que hemos venido reconociendo a nivel internacional es que de nada sirve que la SAE aplique la extinción de dominio de manera masiva si esto no genera resultados en productividad que garantice que esos mismos recursos que estamos sacando de la criminalidad entren a fortalecer a esas entidades que se encargan de luchar contra el crimen organizado”.

El funcionario anunció que los activos o bienes que tengan más de 5 años en administración de la SAE serán vendidos.

“Durante los próximos 3 años todo se va a poner en venta y vamos a generar unas reservas para en caso de una sentencia adversa a los intereses de la Nación nosotros podamos devolver el 100% de los recursos de esa venta vía enajenación temprana. Si no lo hacemos así, los gastos de administrar los activos se comen todos los recursos que hemos podido generar”, explicó.

Precisó que estos recursos deberían servir para fortalecer la rama judicial, tener más fiscales y jueces de extinción de dominio para que puedan agilizar todas esas decisiones que hoy en día están tomando tanto tiempo.

Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales. Orlando Amador
Lavado de activos

Enrique Gil Botero, secretario de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y ex ministro de Justicia y el Derecho de Colombia en 2017 y 2018, conversó en el panel sobre los desafíos y avances de los Estados en el rastreo de lavado de activos.

Botero afirmó que el blanqueo de activos es un delito cuyo planteamiento representa uno de los desafíos más importantes a nivel global porque pone en  riesgo la seguridad de los países.

Explicó que esta práctica delictiva está generalmente vinculada al crimen organizado transnacional en la forma del narcotráfico, trata de personas, terrorismo, corrupción, tráfico de armas, entre otros. Asimismo, que utiliza herramientas variadas como empresas fantasmas, facturación fraudulenta, tenencia de acciones, bonos y las criptomonedas.

“La Unión Europea estima que la cantidad de dinero blanqueado en su país representa el 1% de su Producto Interno Bruto y según Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cada año se blanquea el equivalente al 2.7% del PIB actual de Colombia”, dijo.

Por lo anterior, sostuvo que la cooperación jurídica internacional se presenta como un elemento esencial para combatir el lavado de activos. Indicó que las medidas adoptadas por los Estados son necesarias pero no suficientes frente a esta forma de criminalidad.

“Necesitamos fortalecer a nivel interno la normativa, las agencias de localización y gestión de bienes, establecer controles adecuados, unificar bases de datos e integrarlas, incorporar mecanismos de alerta temprana. Estos esfuerzos hay que canalizarlos desde el plano supranacional para mejorar la cooperación y coordinación internacional con el fin de ser más eficientes en el desmantelamiento del lavado de activos”, enfatizó.

Mencionó que son tres las metas para ser más eficientes contra estas estructuras delictivas: uno, es la elaboración del plan de acción iberoamericano en la lucha contra el lavado de activos asociado a la delincuencia organizada; segundo, promover un acuerdo iberoamericano con rango de tratado internacional en materia de reparto de bienes decomisados y como tercero, analizar la viabilidad de la creación de una red de entidades administradoras de activos decomisados a nivel iberoamericano.

Finalmente, puntualizó que “en la guerra contra el delito trasnacional tenemos que ser más eficientes y estar más organizados que el crimen organizado”.

Enrique Gil Botero, secretario de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. Orlando Amador
Persecución de los bienes

Lorenzo Tordelli, co-coordinador del componente Sistemas Penitenciarios del Programa EL PAcCTO, se refirió a la alternatividad penal en la lucha contra el crimen trasnacional.

Indicó que se debe concentrar la atención en los líderes de las estructuras criminales, no solo ejercer persecución de los responsables de lavado de activos sino a toda su red financiera.

Manifestó que el dinero resultado de la venta de estos bienes debería redirigirse a fortalecer las medidas alternativas, disminuir el hacinamiento con el robustecimiento de los sistemas penitenciarios, así como también para fines sociales.

“Mediante el golpe financiero – económico logramos desarticular la red de valor de estas estructuras criminales”, puntualizó.

Garantías en la extinción de dominio

Iván Cancino, abogado, especialista y magíster en Derecho Penal, manifestó que no se puede confundir lavado de activos o extinción de dominio solamente con delitos como el narcotráfico.  Indicó que casos han demostrado que se lava más dinero a través de fenómenos de corrupción alejados del tráfico de drogas.

Precisó que las normas ayudan a los organismos luchar contra estos fenómenos y no los jueces.  Estos últimos —dijo— deben apegarse a la constitución y “eso no significa una libertad absoluta en la interpretación de las leyes”.

“La extinción de dominio es una herramienta muy útil y necesaria contra los fenómenos de crimen organizado individual, colectivo, nacional o trasnacional, sin embargo, no podemos convencer a las personas que en esa lucha todo vale y que las garantías de esa personas tienen que ser avasalladas por dar una apariencia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción”.

Sostuvo que existe una falla en la política de extinción de dominio. Explicó que no hay consonancia entre el valor de lo decomisado y el delito investigado. “No hay una proporcionalidad en este tema”.

También consideró arbitrario la idea de que se ejerza extinción de dominio a bienes que no necesariamente hacen parte de la actividad delictiva. Este fenómeno lo catalogó como ‘efecto mezcla’.

Resaltó como herramienta importante la venta anticipada. “Se incautan casas con piscinas que se les puede dar un tratamiento turístico pero no se le da, estos inmuebles se deterioran y se pierden. Lo que hace la venta anticipada es generar productividad a estos bienes”.

Culminó diciendo que: “hay que entenderse que las garantías son de todos, no son propias de una condición ideológica, política, de género, nacionalidad o de país”.

Iván Cancino, abogado, especialista y magíster en Derecho Penal Orlando Amador
Poder punitivo en la extinción de dominio

Mauricio Pava Lugo, abogado y socio de Pava Díaz Arana, señaló que la extinción de dominio es una arma potente de destrucción masiva de patrimonios y por eso debe ser manejada con cuidado  y rigor. “Necesita elementos que racionalice el poder punitivo”.

Explicó lo bueno, lo malo y lo feo de esta acción en el marco de la criminalidad. Indicó que la extinción de dominio en Colombia “ha sido eficaz más no eficiente”.

Entre lo bueno mencionó que es una herramienta disuasiva; lo malo es que muchos activos están por fuera del tráfico jurídico y en lo feo categorizó la demora en los tiempos de sentencias de estos procesos de extinción de dominio.

“Es necesario simplificar los procedimientos para hacerlos más eficientes, pero no adelgazar las garantías”, dijo.

Asimismo, comentó que la propuesta es que se excluya desde el principio, por desvinculaciones tempranas, los bienes de los terceros de buena fe.

“Que tengamos un procedimiento para depurar la acción y una herramienta punitiva inteligente y con precisión”.

Mauricio Pava Lugo, abogado y socio de Pava Díaz Arana. Orlando Amador
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