Es probable que hoy en Colombia haya menos habitantes que los 52 millones de las cifras oficiales. De hecho, según el BanRepública, el decrecimiento empezó en 2022, 30 años antes de lo que preveía el DANE. Y todo muestra que la población seguirá bajando.
Lo que debiera ser digno de aplauso, que en Colombia se juzgue por fin a un presidente, termina siendo, por el fin y por la forma, un oprobio para la justicia misma y para el estado de derecho.
Si condenan a Uribe, con flagrante violación a sus derechos y en contra de la evidencia, se enviará el mensaje de que la justicia puede ser manipulada con propósitos políticos y de que cualquier inocente puede ser sacrificado sin pruebas en los juzgados.
El próximo gobierno necesita una amplia mayoría en el Congreso tanto para las contrarreformas a los desvaríos de la izquierda como para impulsar los proyectos de ley que se requieren para la reconstrucción. Es previsible que ningún partido tendrá mayorías y que se requerirán alianzas para conformarlas.
Es indispensable conseguir una mínima unidad del centro a la derecha que permita tener un candidato viable, con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. Hay que dejar de lado egos, vanidades, aspiraciones personales y las diferencias políticas menores.
Distintas fuentes periodísticas ecuatorianas afirman que Petro en Manta se habría reunido tanto con políticos del movimiento de Correa como con Fito o personas de su confianza. Hace cuatro días Petro dijo que “en Manta escribí, ese domingo, 25 [de mayo], unas treinta páginas” de un libro.
Al decidir que el CNE no puede investigar administrativamente a Petro, la Corte va en contra de lo hecho desde 1991 en relación con anteriores presidentes y, además, rompe el principio de igualdad frente a la ley de manera que el candidato perdedor sí puede ser investigado y sancionado por el CNE y, en cambio, el ganador no.
Pareciera que la Corte tomó la decisión de devolver la pensional a la Cámara con la consideración de que era muy costoso negarle al gobierno tanto la reforma como la consulta y que, en consecuencia, mejor era dejar viva la primera y hundir de manera definitiva la segunda como, no dudo ni un instante, ocurrirá. La Corte, me temo, también se dejó asustar.
Petro incitó a la violencia contra sus opositores y tiene una ineludible responsabilidad política en la tentativa de homicidio de Miguel Uribe. Y no solo no la asumió sino que se ha encargado de difundir teorías sobre el crimen que hacen ruido y confunden. El afán de victimizarse y la afirmación de que el atentado tenía por motivación desestabilizar su gobierno son infames.
No tengo duda de que el gobierno prevaricaría si convoca por decreto. Y que, si desconoce las decisiones de los tribunales, estaría dando un golpe de estado. Alguien dirá que “nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”, pero es tan grave el daño que se haría al país que es obligación advertirlo.
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