Como lo registraron casi todos los medios, en los últimos días antes de que comenzara a regir la “veda” de la contratación, la Contraloría General dio el dato de más de catorce billones de pesos en contratos a dedo. Es la prueba reina de la farsa que significa esta supuesta ley de garantías, con todo el desbarajuste administrativo que eso implica.
Afortunadamente esta celebración llega en un ambiente distinto al del centenario cuando tuvimos que llorar a muchos de nuestros profesores, absurdamente sacrificados en la todavía impune tragedia del palacio de Justicia.
Ese momento preelectoral de las consultas también deja un vacío sobre la financiación. Hoy vemos a candidatos que prácticamente no existen en las encuestas gastándose chorros de plata en asesores que, en ocasiones, cobran varios millones de dólares. ¿De dónde salen tantos billetes? Y esos gastos “preliminares” no cuentan para los topes sobre financiación ilegal.
Es verdad que hay una diferencia abismal entre lo que gana un obrero de salario mínimo y lo que devenga un congresista. La solución está en una ley de equilibrio en los ingresos que comprenda no solamente a los parlamentarios sino a todos los funcionarios públicos de niveles medio y alto.
La postura de los gobernadores no puede ser analizada de manera emocional ni con sesgos ideológicos. Sobre la base de que la excepción de inconstitucionalidad tiene límites y que no puede ser pretexto para desconocer la ley, debe mirarse con detenimiento si su argumentación es sólida o no.
López Michelsen conocía el régimen constitucional colombiano como pocos y aunque nunca hizo uso político de esa condición, fue profesor de derecho constitucional desde los 28 años. Por eso su propuesta estaba enmarcada dentro del artículo 218 como había quedado en el plebiscito. Ampliamente debatida, fue aprobada en las dos vueltas por el Congreso.
Pero además muchos de esos aspirantes son herederos de quienes han sido condenados por corrupción, parapolítica o financiación ilegal. Las responsabilidades son individuales pero sus parientes no pueden ser beneficiarios de esas estructuras políticas viciadas.
El libro aclara muchas cosas. No todos los dirigentes del M19 estuvieron al tanto de la toma del Palacio y por eso el autor vuelve a pedir perdón a su universidad y al país. La reincorporación del M19 se produjo durante el gobierno Barco y no por la constituyente.
Nunca se pensó que políticos curtidos, de larga experiencia, que antes han sido elegidos parlamentarios, gobernadores o alcaldes, lo utilizaran para resolver problemas internos. Hay candidatos que se presentan por firmas, pero además tienen un aval.
Que pensarán sobre estas ficciones los más de cien candidatos, algunos por el engañoso sistema de firmas, que aspiran a conducir la nave del Estado. ¿No será mejor pasar de las ficciones a las realidades?
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