El Heraldo
Los líderes sociales de los Montes de María aseguran que los grupos armados los han amenazado durante los últimos meses.
Atlántico

Líderes sociales ‘reman a contracorriente’ por una curul de paz en la Costa

Los aspirantes han denunciado amenazas de grupos ilegales y consideran que la falta de financiamiento en sus campañas les ha restado puntos en la campaña .

Los líderes sociales y víctimas del conflicto en la región Caribe aseguran estar viviendo unas semanas complicadas en plena época electoral.

A las dificultades que les generan las amenazas de muerte por parte de los grupos ilegales, se les ha sumado una nueva problemática: la falta de presupuesto en sus campañas y –según ellos– la codicia de los grupos políticos tradicionales que tratan de acaparar las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Costa Atlántica.

Para los líderes sociales, hacer política en los territorios afectados históricamente por la violencia es casi como ponerse “un tiro al blanco en el pecho”, caminar entre un campo minado o simplemente declararse “enemigo de corrientes de poder tradicionales”.

Recientemente la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el alto riesgo y el riesgo extremo que se presenta en 16 municipios que hacen parte de las circunscripciones de paz en el sur de Córdoba, Urabá-Darién y Bajo Cauca antioqueño, por causa de las confrontaciones entre el Eln y el Clan del Golfo, por negocios ilegales y control del territorio.

Además, las alertas están desperdigadas en el sur del Cesar, en los Montes de María, La Guajira y en municipios del Magdalena.

Uno de los afectados es Alberto Henao Peralta, uno de los 40 aspirantes a la curul de paz por los Montes de María, en el departamento de Sucre, quien hace campaña con recursos propios, y recientemente fue declarado objetivo militar por no acceder a reunirse con grupos ilegales.

El querellante asegura que todo está dado para que este 13 de marzo las curules de paz queden en poder de “las bandas criminales o de los gamonales políticos”.

“Nos preocupan las fallas que se han presentado desde el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Registraduría porque hemos tenido que hacer campaña con nuestros propios recursos, debiéndoles a los familiares que nos han aportado para que nosotros representemos a las víctimas”, dijo.

Según el candidato, se había acordado la entrega de unos $34 millones de pesos para que cada aspirante pudiera desarrollar su campaña en los territorios, pero a una semana aún no se ha desembolsado un solo peso.

“Primero nos dijeron que iban a desembolsar a finales del año pasado, sin embargo, esa fecha pasó y nada se dio. Posteriormente informaron que la entrega de los recursos sería entre finales de enero, pero ya se pasó hasta febrero y tampoco se ha dado, mientras tanto vemos cómo algunos grupos tradicionales de la politiquería auspician campañas, como el gobernador de Bolívar y el gobernador de Sucre, quienes han tenido sus propios candidatos y los están auspiciando”, señaló sin entregar nombres.

La zona de los Montes de María está integrada por 15 municipios: 7 en Bolívar y 8 en Sucre, donde aspiran unos 20 hombres e igual número de mujeres, para un total de 40 aspirantes.

Los riesgos expresados por el líder social y candidato a curul de paz coinciden con la alerta temprana 004, emitida por la Defensoría del Pueblo, en referencia a la situación de los 167 municipios que hacen parte de zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, de los cuales 70 tienen riesgo extremo, 67 riesgo alto, 23 riesgo medio y 7 riesgo bajo.

“Nos han tratado de sabotear la campaña”

El malestar es general. Arnobis Zapata, un aspirante a la curul de paz en el sur de Córdoba, sostuvo que durante la campaña electoral varios miembros de su equipo de trabajo han sido intimidados.

“Se han presentado hechos que también son complejos. Dos o tres veces han amenazado a mi equipo de campaña en Montelíbano, porque hay que decirlo, acá la fuerza pública no está garantizando la seguridad de los candidatos, acá los candidatos hacen campaña porque el actor armado en el territorio deja que uno entre a hacer campaña, pero si ese actor armado llegara a prohibir la entrada de algún candidato, nadie podría garantizar su permanencia en el territorio”, aseguró.

De igual manera el líder social manifestó que ha luchado contra intentos de saboteo a su campaña.

“Yo tengo esquema de seguridad desde el 2016, pero en días pasados me llegó una notificación en la que me informaban el levantamiento de mi esquema de seguridad. Eso hace parte de la persecución política que estoy viviendo, pues me quieren dejar sin seguridad para que no me atreva a salir, sin embargo estoy saliendo”, aseguró.

Asimismo ha visto de manera sospechosa el cambio de lugar de votación de alguno de sus jurados electorales.

De igual manera sostuvo que la falta de recursos no ha permitido realizar una campaña pedagógica sobre el tarjetón a las curules de paz.

“Obviamente necesitamos recursos, quizás se registre abstención. Es necesario hacer pedagogía porque en algunos pueblos no saben qué son las circunscripciones especiales de paz. Es probable que muchas personas no sepan solicitar el tarjetón, y si se los entregan lo más seguro es que no tengan idea de los logos, porque no va a haber logos de partidos políticos, solo organizaciones y no van a estar familiarizados con el asunto y eso generará un riesgo porque históricamente en los escrutinios algunos jurados marcan los tarjetones en limpio para meterlos a las urnas manifestando que la gente votó por su candidato y se pueden robar las elecciones en las urnas.”, puntualizó.

En Córdoba, un total de 18 personas, nueve hombres y nueve mujeres, aspiran a una curul de paz.

Piden aplazar las elecciones

A través de una carta varios candidatos de La Guajira y Magdalena, entre los que se encuentran Patricia Obregón, Elvia Jiménez, Luis Fernando Lara, William Ruiz, Carlos Raigoza, Juan Ariel Hinojosa, Judith del Socorro Fonseca, Dulfai Gutiérrez y Yamil Silva le solicitaron al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría, aplazar las elecciones especiales, pues sienten que no existen garantías políticas, electorales, ni de seguridad para que los candidatos y candidatas víctimas participen en este proceso electoral.

“En nombre de las distintas organizaciones sociales, campesinas y culturales vemos candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflicto”, indicaron.

En el documento, además, se puede leer que “faltan garantías en materia de seguridad de los candidatos y candidatas por parte de la Unidad Nacional de Protección,  UNP, al exigirnos asumir las obligaciones económicas en lo relacionado a alojamiento, transporte y alimentación de los esquemas de seguridad.

Es algo que nos pone en desventaja, incluyendo los casos recientes de constreñimiento de los grupos armados al margen de la ley que permanecen en los territorios priorizados de la circunscripción, impidiéndonos el derecho a la libre movilización y desarrollo de nuestras campañas”.

Encadenados

Entre tanto, en el Cesar, 12 candidatos a las curules de paz por la circunscripción especial de ese departamento estuvieron  más de 72 horas encadenados afuera de las oficinas de la Registraduría en Valledupar, según ellos, porque se sienten utilizados.

“Nos instrumentalizaron, nos utilizaron para pretender justificar que se están cumpliendo los Acuerdos de Paz y que se está cumpliendo con la participación política de los campesinos y víctimas del conflicto, pero es mentira”, manifestó Luis Fernando Lara, candidato a la Cámara por la Circunscripción Especial para la Paz número 12.

Según los protestantes, el proceso está conducido para beneficiar a las estructuras políticas del Cesar.

12 candidatos a las curules de paz en el Cesar se encadenaron en Valledupar.

“Vemos cómo estos antiguos clanes han hecho un despliegue logístico publicitario pretendiendo recuperar un poco el poder que ha perdido en el departamento. Así también tenemos al hijo de ‘Jorge 40’ haciendo campaña, creyéndose más víctima que todas las víctimas. Yo creo que aquí se ha ido tergiversando el sentido y el espíritu de lo que son las circunscripciones transitorias de paz”, narraron.

Además, los candidatos encadenados también reclamaron porque no les han girado el recurso económico prometido para financiar su campaña, por lo que piden que se aplacen estas elecciones hasta que estén dadas las condiciones.

“Esa es la petición central, que se aplace el debate electoral, porque no contamos con las mínimas garantías y hay territorios donde no podemos entrar. También el Acuerdo de Paz comprometía a las instituciones para que nos brindaran las herramientas necesarias para nosotros participar en el debate”, criticaron.

Alertas

Según lo revelado en el quinto informe de la MOE, en cuanto a los liderazgos sociales, la segunda circunscripción más afectada por hechos violentos contra líderes indígenas fue la de Magdalena-Guajira-Cesar con 13 hechos violentos, el 38,5 % de ellos contra líderes de víctimas.

“En ese sentido se dio un aumento de 650 % en las agresiones respecto a 2017. Cabe señalar que la situación de los líderes políticos en esta región resulta alarmante, teniendo en cuenta que fueron objeto del 47 % del total de afectaciones ”, reveló la MOE.

Por otro lado, la organización se mostró alarmada por el caso de La Guajira, que, además de registrar una cantidad significativa de afectaciones (14), es el departamento del país con el mayor incremento en los hechos de violencia con respecto al 2017.

Por otro lado, Magdalena y Putumayo se posicionaron como los departamentos con el mayor aumento en los asesinatos frente al 2017 (de 100 %).

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