La alerta por el “escalamiento” de la violencia en Uniatlántico
Según la Defensoría del Pueblo, grupos armados ilegales del área metropolitana de Barranquilla se disputan el control de las economías ilícitas.
Los enfrentamientos en el interior de la Universidad del Atlántico vuelven a recrudecerse en la antesala del proceso electoral para la escogencia al representante de los estudiantes ante el Consejo Superior y otros órganos colegiados.
A causa de la pandemia, los salones y pasillos ya no albergan las acaloradas confrontaciones entre los integrantes de distintos movimientos estudiantiles. Ahora, las redes sociales se han convertido en espacios para “el hostigamiento y la estigmatización” de algunos miembros de la comunidad universitaria.
“Pensar distinto en el interior de la Universidad del Atlántico es un pecado. Hay estudiantes y docentes que tienen intereses marcados, que emprenden campañas de odio para desprestigiar a sus contrarios”, asegura Rafael Martínez, estudiante de séptimo semestre de sociología.
El joven recordó que durante los tres meses que se extendió el último paro indefinido se registraron varios enfrentamientos físicos y verbales entre los estudiantes que estaban a favor y en contra del cese de actividades.
Uno de los episodios más violentos se presentó en la tarde del 20 de enero, en la antesala de una asamblea multiestamentaria. Cuatro personas resultaron con heridas en medio de una gresca por “infiltraciones de personal externo” a la alma mater.
Ante este tipo de situaciones, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha evidenciado un “escalamiento de las violencias” –tanto física como simbólica– en el interior del principal centro de educación superior del departamento.
Según lo expuesto en el documento –que se encuentra vigente desde 2018 y fue actualizado en agosto de este año– la Universidad del Atlántico es un punto de interés para los grupos armados ubicados en el Área Metropolitana, quienes se disputan el control territorial sobre las economías ilícitas (ver recuadro) y entorpecen las protestas estudiantiles.
“Actores en la sombra, que se esconden detrás del nombre de Águilas Negras han llevado a cabo una persecución y estigmatización del pensamiento político de izquierda en la universidad”, indicó.
El organismo vigilante de los derechos humanos también expuso que en la Universidad del Atlántico se vive un “ambiente polarizado de violencia simbólica y cada vez mayor estigmatización del pensamiento político”.
Puso de presente que en la alma mater se observan discursos y prácticas para deslegitimar y descalificar a los otros, justificando así la violencia o la vulneración de derechos, utilizando señalamientos descalificativos tales como “guerrillero, mamerto o paraco”.
Constantes amenazas
Desde mayo de 2006, dos meses después de la desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), miembros de la comunidad universitaria han recibido varias amenazas firmadas por las Águilas Negras.
Empero, la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana sostuvo que este nombre no corresponde a ninguna estructura armada real de la actualidad aun cuando entre 2006 y 2008 se identificó a un grupo con este nombre y que era conformado por desmovilizados o disidentes del Bloque Norte de las AUC.
“Después de la desaparición de esta estructura, otros grupos continuaron utilizando el nombre que probablemente –por su sonoridad metafórica– tiene un alto nivel de recordación entre la población, para amenazar impune y anónimamente”, expuso la entidad
Además, expuso que las amenazas firmadas con este nombre no pueden ser fácilmente ignoradas debido a que existen actores que lo utilizan como fachada para mantenerse en la sombra.
Actores externos
La participación violenta de actores externos a la comunidad universitaria en la protesta social ha sido otra de las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo. En su alerta temprana registraron que los desconocidos ingresan a la fuerza al campus universitario con palos y objetos corto punzantes e intentan agredir a los manifestantes y ocasionar enfrentamientos entre ellos.
“A pesar de que estos hechos han sido denunciados, se siguen presentando, incluso a la vista de la fuerza pública y de la vigilancia privada de la universidad, sin que logren controlar la situación”, agregó el Ministerio Público.
La disputa por el control del microtráfico en la alma mater
Los salones del bloque F, el ‘teatrino’ o la laguna detrás de la biblioteca son algunos de los lugares referenciados por algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico como espacios para la compra y venta de sustancias alucinógenas.
Así lo ratificó el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que ha evidenciado la existencia de economías ilegales como el microtráfico en el interior del campus universitario, ligado al interés de grupos armados presentes en el Área Metropolitana de Barranquilla por tener control social y territorial.
Según lo expuesto por el organismo dedicado a la defensa y protección de los derechos, la focalización de escenarios educativos como colegios y universidades hace parte de las estrategias de los grupos criminales para asegurar un nuevo mercado de consumidores.
“Se ha identificado que hay bloques, pasillos, salones y zonas específicas que están bajo el dominio de ciertos grupos y cuando docentes o estudiantes se han atrevido a llamar la atención o cuestionar estas situaciones, son amenazados”, indicó la entidad.
La Defensoría expuso, además, que dichas estructuras criminales defienden sus territorios dentro de la universidad “con violencia entre ellos y contra las estudiantes”, así como evidenció que las ventas estacionarias y el mototaxismo, en ocasiones, son instrumentalizados para los fines de estas organizaciones.
Además, la Defensoría indicó que actores ajenos han ingresado a la universidad, durante los periodos de protesta social y estudiantil, para amenazar y agredir –física y verbalmente– a los protestantes, aduciendo que “con el cierre de la universidad estaban dañando el negocio”.
Cabe recordar que en octubre de 2017, el entonces rector Carlos Prasca denunció que redes de microtráfico estaban tomando a la institución como centro para sus negocios.
Asimismo, en noviembre del año anterior se conocieron grabaciones donde se observan a presuntos expendedores de droga en el bloque F de la sede norte del principal centro de educación superior del departamento.
El caso de Madelayne Ortega
Aunque no existe una relación definitiva con el escenario de riesgo descrito en la Uniatlántico, la Defensoría reseñó –en su alerta temprana– el hallazgo del cuerpo sin vida de la estudiante Madelayne Ortega en el interior de la sede centro, en la madrugada del 17 de diciembre del año anterior.
También recordó que tras la incursión de la fuerza pública en octubre, la comunidad universitaria se declaró en asamblea permanente y fueron instalados campamentos en dos sedes de la alma mater.
Al momento de su fallecimiento, Madelayne llevaba 18 días viviendo con los manifestantes.
“Los hechos se presentaron en extrañas circunstancias y aun no hay claridad sobre lo ocurrido, pero las autoridades manejan varias hipótesis incluyendo que la joven habría caído al vacío por accidente o que se trataría de un feminicidio”, agrega la entidad.
Siete meses después, pocos han sido los avances que se han dado en la investigación de los hechos. A principios de agosto, este medio estableció que se está a la espera de la llegada de un fiscal desde Bogotá para la reconstrucción de los hechos.
